Existe una necesidad de situar el trabajo humano «estructurador de la identidad personal y colectiva», como la clave de la cuestión social y la dignidad de la persona; fundamento para un nuevo paradigma ético.
El trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo, tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción.
Hay que premiar el trabajo, no la riqueza. Si el 60% más pobre de las personas del mundo reciben sólo un 5% de ingresos adicionales generados por el crecimiento del PIB, la brecha se agranda, es decir, se fortalece el sistema de empobrecimiento de una mayoría. La respuesta tiene que ser global, integral.
Hoy, asistimos a la creación de una nueva clase social: la de los trabajadores pobres. Antes de la introducción del euro y la política monetaria común, se devaluaba la moneda para hacer frente a las crisis económicas. Así es que no disponiendo de dicho remedio para hacer frente a los efectos de la última y mayor crisis económica de nuestra historia reciente, además de reducir drásticamente el gasto público, ahora lo que se devalúan son los empleos. La “recuperación económica” se financia con desigualdad como antes lo era con endeudamiento.
Vivimos un mundo en el que se dispara la desigualdad, el desastre medioambiental y la rápida y descontrolada deriva a una economía digitalizada. El mundo del trabajo sufre constantes reformas laborales, que debilitan los derechos del trabajo y deterioran la vida de los trabajadores y de sus familias; la financiarización de la economía, que concentra la riqueza en pocas manos y la fe ciega en la tecnología, como solución a los problemas de la organización social.
Los sindicatos y movimientos de trabajadores deben ser expertos en solidaridad. El capitalismo del siglo XXI triunfará mientras el mundo del trabajo no sea capaz de organizarse para dominar los procesos digitales y tecnológicos. Los grandes conglomerados del poder han creado una nueva “mano invisible” que hay que desvelar y combatir. Por eso, hoy es imprescindible una nueva asociación del mundo del trabajo capaz de invertir esta lógica depredadora.
PROPUESTAS ELECTORALES
La UE y sus EEMM son firmantes de numerosos acuerdos y tratados internacionales vinculantes y por tanto de aplicación directa e inmediata en defensa de los trabajadores europeos.
- Revisión de los Convenios Internacionales y de la OIT que aún no hayan sido ratificados por la UE y por los EEMM en materia laboral (trabajadores migrantes, trabajo doméstico, seguridad y salud, precariedad y temporalidad, igualdad, etc)
- Revisión del grado de cumplimiento de los firmados, eliminando las barreras que limitan o impiden su aplicación efectiva en la UE, en especial las generadas por la firma de otros acuerdos como los Tratados de Libre Comercio.
La economía y el mundo laboral actual se mueven en torno a la maximización del beneficio económico, explotando lo máximo posible al trabajador, que queda relegado a un recurso humano prescindible. Ello lleva a una competencia salvaje entre trabajadores que asfixia la necesaria solidaridad dentro y fuera de la empresa
Existe otro modelo de empresa que pone en el centro a la persona y al trabajo por encima del capital, que es la Economía Social. Permite el protagonismo y la responsabilidad de los trabajadores, a través de la propiedad y gestión de los medios de producción (autogestión), la solidaridad interna entre los trabajadores ya que actúan juntos con un objetivo común, se dan menores diferencias entre ellos (igualdad), el beneficio se reparte o reinvierte y la toma de decisiones es democrática. Y también de solidaridad externa, por un arraigo y vinculación (no se deslocalizan) contribuyendo al desarrollo del entorno y en general del bien común.
- Impulso de las realidades de economía social y solidaria frente al modelo que impone la estrategia multinacional promoviendo realidades empresariales en las que sea posible la democracia, la solidaridad, la propiedad de los medios de producción y el protagonismo de la persona. Aprobación del Plan Europeo propuesto por el sector, propiciando su visibilidad y su participación en diálogo social y contrataciones públicas.
- Formación en aprendizaje cooperativo y en actitudes solidarias como base para la Economía Social y Solidaria en todos los ámbitos de la formación, ya que se basa en una forma de ser y hacer y una actitud que se cultiva.
- Dar visibilidad a esta forma de economía a través de los medios públicos.
- Incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública (de todas las administraciones) en la adjudicación de la gestión y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, dar prioridad a empresas de la ES
- Plantear una especie de “derecho de tanteo y retracto” ante el cierre de una empresa, para que los trabajadores se puedan hacer cargo de ella.
- Luchar contra los fraudes generados por la utilización de la figura cooperativa: “falsas cooperativas”
- Garantizar la presencia de la ES en el diálogo social.
Hoy en España casi el 80% de las empresas que se crean no tienen ningún empleado. Se ha vendido la falsa ilusión de que si capitalizamos la prestación por desempleo y nos hacemos autónomos podemos llegar a ser un Steve Jobs fundando una nueva Apple en nuestro garaje. Según varios estudios, en España hay actualmente 210.000 falsos autónomos, lo que supone un fraude a la Seguridad Social de 560 millones de euros
8 de cada 10 autónomos han trabajado enfermos para no perder ingresos. Las altas de nuevos cotizantes al Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA) en 2017 arrojaba la cifra de 634.222, pero habían dejado su actividad en el mismo periodo 619.624.
Hoy existen 300.000 autónomos que en España perciben ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
- Regular el acceso a la financiación del trabajo autónomo y de las Pymes en condiciones justas y el acceso a los contratos públicos.
- Impedir que el acceso a contratos públicos quede en manos de grandes empresas.
- Adecuar el pago de cuotas a la Seguridad Social en función de los ingresos sin que ello impida el acceso a prestaciones sociales.
- Establecer normas que impidan la morosidad, tanto la pública como la privada, que pone en peligro la pervivencia de pequeñas empresas. Facilitar la ejecutabilidad de las deudas con normas procesales que lo faciliten.
- Regular el contrato de franquicia que impida la imposición de condiciones leoninas a los franquiciados que repercuten en las condiciones laborales.
- Poner límites a los excesivos precios de los alquileres que van en detrimento de la rentabilidad de la actividad económica y de las condiciones de trabajo del pequeño comercio, establecimientos de hostelería, locales céntricos…
- Afrontar el desafío de la digitalización e internacionalización de la pequeña empresa en la que se desarrolla el talento.
- Las políticas de apoyo al trabajo por cuenta propia han promovido la proliferación de trabajadores autoexplotados que compiten entre sí y de falsos autónomos. Las medidas a adoptar deben centrarse en ayudar a consolidar y mejorar la competitividad de las empresas que ya existen y no sólo en fomentar su creación.
- Luchar contra la explotación y la precariedad en la que se encuentran los trabajadores autónomos. Perseguir la explotación laboral de las personas que se ven obligadas a trabajar como falsos autónomos encubriendo auténticas relaciones laborales.
Contratación:
España ha encadenado en 2017 cuatro años creando empleo a un ritmo que parece alto: solo el año pasado la Seguridad Social ganó 611.146 afiliados. La alta precariedad es el gran pero: buena parte de ese aumento se debe a temporales y trabajo a tiempo parcial (380.000).
Otro de esos indicadores de precariedad en los que España destaca entre los países de su entorno es el empleo temporal. Desde que comenzó a crecer el mercado laboral, la tasa de temporalidad ha subido unos cinco puntos, hasta el 27,4% el pasado verano. Y la inmensa mayoría de ese empleo temporal es involuntario. También el 60% de quienes trabajan a tiempo parcial quiere hacerlo más horas
Casi 20 millones de contratos temporales en un solo año. En 2017 volvió a batirse el récord de contratación al firmarse 21,5 millones de compromisos en apenas 12 meses. No obstante, de los 611.000 nuevos afiliados creados, solo 320.000 fueron cotizantes indefinidos. También hay que aclarar que un contrato fijo no es lo mismo que un empleo estable. Este puede ser a tiempo parcial o fijo discontinuo.
La media de porcentaje de empleo temporal en la UE es del 12%. En España supera el doble. Las cifras oscilan a lo largo del año pero cumplen una regla: cada día se dan de baja y de alta una media de 90.000 personas. Cuanto más empleo se crea, más se destruye.
En 2017, hasta noviembre, uno de cada cuatro contratos firmados han durado siete o menos días. La media se sitúa en los 52,5 días, lejos de los 76,5 del año 2008. Hacen falta 35 contratos para crear un empleo.
- Evitar que las contrataciones indefinidas tengan indemnización reducida por despido y estén ligadas a subvenciones pues ello provoca que su duración media sea la de la subvención.
- Imponer una clara causalidad a la contratación temporal para evitar que los puestos de trabajo fijos estén ocupados de trabajadores temporales que rotan entre sí. Penalizar la temporalidad mediante instrumentos fiscales y de cuotas a la Seguridad Social.
- Penalizar el encadenamiento fraudulento de contratos con la imposición de la fijeza no eludible con despido indemnizado y evitar así el sobreuso de las prestaciones por desempleo.
- Perseguir las prácticas de explotación de los trabajadores, en especial, de los inmigrantes, dada su vulnerabilidad, activando una fiscalía especializada en explotación laboral.
Subcontratación:
Uno de los elementos que más están incidiendo en la precarización del trabajo es la subcontratación que reduce derechos salariales, laborales, sociales y formales de cada vez más gente. Y lo hacen sustituyendo, por un lado, el vínculo jurídico de la relaciones laborales de una plantilla única, por un vínculo jurídico-mercantil inter-empresas que neutraliza las leyes que regulan y protegen el trabajo asalariado, y por otro, intentando eliminar la organización y el desarrollo de la actividad sindical, a través de ese miedo generado por la propia situación de precariedad.
Con estas prácticas las empresas trabajan además para aumentar la flexibilidad en sus distintas formas: en la producción, en la plantilla, en los salarios, en el tiempo de trabajo, en la movilidad geográfica, en la movilidad funcional, en la aplicación de normativas de seguridad, procesos formativos y prevención de riesgos laborales.
La subcontratación favorece formas extremas de inseguridad en las relaciones laborales. Además, las empresas subcontratadas crean estrategias para evadirse de toda responsabilidad jurídica, ahondan en la violación de los derechos fundamentales de organización y sindicación, -particularmente en la creación de representación de comités de empresa-, y movilización mediante la huelga. Son instrumento en multitud de ocasiones de las empresas contratistas, al ser utilizadas como modelo y tapadera de explotación, manteniendo la capacidad organizativa y el control sobre el personal contratado –cesión ilegal-. Despiden de forma arbitraria y encadenan contratos de forma ilegal.
- Restringir la subcontratación para aquellos casos en los que esté justificada técnicamente e impedir que la subcontratación neutralice las leyes que regulan y protegen el trabajo asalariado y eliminan la organización y el desarrollo de la actividad sindical.
- Obligación de comunicar previamente a la autoridad laboral la subcontratación de actividades para que se efectúe un control de las condiciones laborales, las normas de aplicación y la evitación de cesiones ilegales pudiendo la administración denegar la subcontratación cuando no quede demostrada la autonomía técnica de la contrata y ésta sea un mero abaratamiento de salarios.
- Equiparación salarial entre trabajadores de la empresa principal y contratista y extensión de la responsabilidad solidaria en case de cualquier incumplimiento más allá de los supuestos actualmente previstos.
Jornada laboral:
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2017 se realizaron en España una media de 5.800.000 horas extraordinarias a la semana. De ellas, el 46,9% no se pagaron ni se compensaron con descanso ni se cotizaron. Frente al tópico del absentismo laboral se realizan horas extras que no pagan ni se compensan con descanso.
Los sectores más afectados son, por este orden, la industria manufacturera, el comercio, la hostelería y la sanidad. Ahora bien, en dichos sectores se compensan entre el 45% (hostelería) y el 77% (sanidad) de las horas extra, mientras que en otros la inmensa mayoría no generan contraprestación. Es el caso de las actividades financieras y de seguros (12% de horas extra compensadas), la educación (13%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (21%).
Esto es posible gracias a la grave indefinición legal sobre la obligación de controlar el cumplimiento de las obligaciones legales sobre jornada.
- Establecer un sistema de control que incluya la obligación para las empresas de registrar diariamente la jornada de cada trabajador con el horario de entrada y de salida. Aprovechar la tecnología y los recursos humanos de la Inspección de Trabajo para controlarlo.
- Estricto cumplimiento de las horas extras (pagadas y limitadas).
- Reparto del trabajo. La reducción de la jornada laboral constituye una forma de limitar el poder del capital, garantizar condiciones dignas y lucha contra el desempleo. Además, se justifica por las pérdidas salariales respecto de la productividad y una creciente desfiscalización de los beneficios. Los salarios han crecido por debajo de la productividad y estas pérdidas salariales deberían compensarse con incrementos de los salarios reales o con reducciones de la jornada laboral.
- Establecer límites a la jornada laboral que impidan la flexibilidad extrema, que permita conciliar la vida laboral y familiar. Imponer medidas disuasorias para los trabajos en festivos.
Salarios:
La política de devaluación salarial ha provocado el auge del fenómeno de los trabajadores pobres, llegando hasta el 14,8% en 2015. El 10% de los trabajadores cobran el SMI (655,20€) y 1 de cada 3 trabajadores vive con un sueldo por debajo de los 972 euros, el 60% del salario medio. La mitad de los asalariados en España ingresan menos de 983 euros al mes. El 84 % de los contratos de trabajo firmados en 2016 lo hicieron por debajo del SMI.
A esta debilidad se añade el efecto en la estadística de la negociación colectiva, ya que los temporales cobran menos que los indefinidos y la hora de un empleado a tiempo parcial también se paga a un precio menor.
El alto número de contratos temporales evidencia la rotación laboral de los temporales y sus entradas y salidas al desempleo —que cada vez se prolongan por más tiempo— rompen con un mecanismo tradicional de mejora de las retribuciones: la acumulación de experiencia y la mejora de su productividad, lo que permite pedir aumentos o cambiar de empresa en busca de un salario mejor.
En cambio, los altos directivos del IBEX-35 cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de su empresa y entre 2014 y 2016 la retribución de los principales ejecutivos creció un 40% y entre 2015 y 2016 aumentó un 1 %, situándose de media en 4,2 millones de euros, mientras que los salarios medios solo se incrementaron en un 0,3 %.
- Establecimiento de un salario mínimo digno que cubra necesidades básicasy que garantice el derecho a la vivienda acompañado de medidas que impidan la neutralización de sus efectos o que repercuta en la creación de empleo.
- A igual trabajo igual salario. Abordar el problema de la brecha salarial en todos los ámbitos o causas que la produzcan (sexo, edad, nacionalidad, lugar de trabajo, subcontratación,…). La brecha salarial no se rompe subiendo el SMI pues éste apenas tiene efectos sobre los falsos autónomos, trabajadores parciales, etc.
- Reforma fiscal capaz de afrontar la creciente brecha entre tributación de las rentas del capital y las del trabajo.
Convenios colectivos:
El marco institucional de la Unión Europea y de las instituciones de la gobernanza económica ha debilitado a los interlocutores sociales. El gran objetivo de las reformas laborales ha consistido en descentralizar y debilitar la Negociación Colectiva para lograr una devaluación salarial que, además, no ha creado empleo.
Se ha potenciado el Convenio Colectivo de empresa para reforzar el papel unilateral del empresario y devaluar poder sindical.
Se ha provocado la disminución de trabajadores cubiertos por Convenios Colectivos y se ha elevado el número de descuelgues o inaplicaciones de convenios.
- Potenciar los convenios de sector impidiendo la fuga de las condiciones laborales mediante la suscripción de Convenios Colectivos fraudulentos que crean sectores desgajados de su tronco común.
- Extender los convenios colectivos de sector a las empresas de servicios que proliferan y eluden la aplicación de los convenios correspondientes.
Las cifras de la situación de los jóvenes españoles entre 18 y 24 indican que el 58% estudian, el 18% trabajan y el 23% ni estudian ni trabajan. El número de los llamados ninis es uno de los más altos de los países industrializados. España tiene una de las cifras más altas en la tasa de abandono educativo y fracaso escolar. El 35% de los jóvenes no ha pasado de la educación obligatoria.
Por otro lado, somos uno de los países con más titulados universitarios. Pero la cualificación intelectual no capacita para afrontar el mundo laboral. España ocupa el tercer puesto en la UE con la mayor tasa de sobrecualificación de jóvenes en el sector servicios. En torno al 64% de estos trabajadores desarrollan un trabajo que no requiere el nivel educativo que poseen.
España tiene una de las peores tasas de escolarización en FP entre los países industrializados ya que solo abarca al 12% de los estudiantes mientras que la media está en el 26%. La llamada F.P. Dual en la que se combina el estudio y el trabajo solo llega al 1% de los alumnos. Ello es porque hay muy pocas empresas comprometidas con este sistema que proporciona mayor cualificación a sus alumnos.
La situación del desempleo juvenil está marcada por unos índices muy elevados. En 2017 era del 38,6%. Además tiene una altísima temporalidad, mayor en los jóvenes de menor edad ya que es de 84% entre los 16 y 19 años y del 71% entre los 20 y 24 años.
Estos datos nos hacen plantear la necesidad de realizar una apuesta por una Formación Profesional de calidad que afronte la vocación profesional de los jóvenes y que les permita estar preparados para las necesidades del mundo laboral actual.
- Aumentar el gasto educativo para dotar de los recursos adecuados (medios materiales, docentes y formación de estos) a los centros de formación profesional.
- Actualizar los currículos de las distintas titulaciones de FP y crear las titulaciones necesarias para cubrir los puestos de trabajo que la revolución tecnológica demandará en los próximos años.
- Apostar por la F.P. en los centros de trabajo donde gane peso la FP dual. Para ello es necesario el compromiso de las empresas por aportar a la formación práctica de los futuros trabajadores.
- Adaptar la FP a las nuevas necesidades de la sociedad y el trabajo impulsando una F.P. que contenga una formación integral y en el que la implicación empresarial no sea un camino para la obtención de mano de obra barata.
Afecta a más de un millón de personas y mueve cada año 202.000 millones de euros. Es el peso de la economía sumergida en España. Un dinero que se escapa de las arcas del Estado porque no tributa y que en el caso español llega a representar hasta el 18% del PIB, según los datos analizados por el economista Friedrich Schneider en 2015.
El dato de España no ha dejado de descender en los últimos 10 años, en la medida en la que lo han hecho el resto de sus vecinos europeos. Mientras que en el año 2005 la economía sumergida española superaba el 21% del PIB, en 2015 este dato se había reducido dos puntos porcentuales. Aún así, la posición del país no ha variado respecto a Europa y se encuentra como hace diez años, justo en la media.
- Dotar a la Inspección de Trabajo para la fiscalización de esta realidad.
- Facilitar la organización y la promoción de las personas que trabajan en la economía sumergida, dotándoles de medios para que regularicen su situación mediante su inserción en realidades de economía social y solidaria. Impedir que la acción sancionatoria de la administración recaiga sobre los débiles sino sobre los beneficiarios últimos de la economía sumergida.
La Trata de seres humanos es un negocio que ya casi supera al tráfico de droga y al de armas. En Europa viven 1.243.400 víctimas de esclavitud. De 2012 a 2016, Un total de 5.695 personas han sido liberadas de la trata por explotación sexual o laboral en España por las fuerzas de seguridad, según Interior. Solo en 2016 se estimaron en 23.846 las personas en situación de riesgo.
España continua siendo un país de destino y de tránsito para otros países de Europa, como el Reino Unido, pero también es un país de origen. Los principales países desde los cuales provienen las víctimas son: Rumanía, Nigeria, China, Paraguay y Bulgaria, en este orden por número de víctimas identificadas.
El último informe del Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA, por sus siglas en inglés) (2018) señala que la trata laboral aumenta en Europa hasta el punto de que en algunos países ha superado la trata con fines de explotación sexual.
En este caso las víctimas suelen ser hombres, de la agricultura, talleres textiles, restaurantes, locales de kebab o wok, y mujeres, en bares y servicio doméstico. Crece alarmantemente en la pesca. Algunos de los barcos atracados en los puertos españoles tienen esclavos. Afecta fundamentalmente a inmigrantes, que no denuncian por miedo a ser deportados.
- Perseguir de manera efectiva el blanqueo de capitales. Aunque existen directivas a nivel europeo para perseguir el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, las directivas no son suficientemente vinculantes. Aumentar las sanciones a la banca por incumplimientos de su obligación de vigilar las transacciones sospechosas.
- Aplicar de forma efectiva las inspecciones de trabajo en los lugares con mayor trata laboral: agricultura, construcción, hostelería, pesca y servicio doméstico.
- Reforma legislativa que garantice la existencia de herramientas legales para luchar contra la prostitución y el proxenetismo y acabe con la ambigüedad de la regulación actual.
- Creación de juzgados especializados en trata en todas las jurisdicciones de la UE.
- Destinar los recursos incautados a las mafias a la recuperación de las víctimas.
Los sindicatos españoles han construido estructuras burocráticas poderosas, pero son incapaces de financiarse. Nuestro modelo sindical es de un sindicalismo de audiencia en votos más que de afiliación y militancia. El sistema sindical español se orienta a la defensa de su votante mediano, asalariado fijo, excluyendo a muchos trabajadores precarios, jóvenes, autónomos y falsos autónomos. Destaca especialmente el desconcierto sindical y la falta de respuesta ante los problemas de los trabajadores inmigrantes.
La gran destrucción de empleo provocada por la crisis ha recaído en colectivos de trabajadores no afiliados y en colectivos sin posibilidad de votar en elecciones sindicales. Pero también, en los momentos álgidos de la crisis, cayeron un millón de empleos indefinidos y los sindicatos no pudieron dar respuesta ni siquiera a sus representados.
- Necesidad de sindicatos entendidos como instituciones esenciales para la construcción de sociedades más democráticas, basadas en los valores de la colaboración, el trabajo en red, la unidad, la solidaridad. Ello exige una constante innovación en sus formas de representación para incluir «a los más vulnerables del mundo del trabajo»; y a ejercer una solidaridad universal, que trascienda, proteja derechos, escape del individualismo y del consumismo, y cuestione el sistema.
- Reforma laboral que facilite el desarrollo de los trabajadores, la sindicación (eliminar la limitación que establece la ley para la sindicación y participación sindical de trabajadores temporales)
- Ampliación de los derechos de información y consulta de la representación de los trabajadores que les dote de defensa ante medidas de reestructuración, ERE´s, etc.
- Avanzar hacia la autogestión en la empresa limitando el poder accionarial en el seno de la empresa e impidiendo acciones especulativas.
La expansión de las plataformas digitales que facilitan el trabajo bajo demanda hace urgente una regulación laboral específica para evitar la explotación y la autoexplotación. Las plataformas de este tipo son el ultraliberalismo llevado al extremo. Sin normas ni obligaciones empresariales, los trabajadores deben tener máxima disponibilidad. Sin derechos, podemos llegar de nuevo a las condiciones del siglo XIX. Los sindicatos carecen de estructuras adecuadas, así como las patronales, para este nuevo mundo, en el que ni siquiera se sabe muy bien a quién denunciar, ni dónde está la sede social de la compañía, ni si hay beneficios, etc.
Sólo un 15% de quienes trabajan vía plataforma lo hacen regularmente.
- Declarar ilegales las prácticas de las plataformas digitales sobre jornada y salario que provocan la existencia de contrato de trabajo a llamada, de “cero horas”.
- Incluir dentro de la categoría de contrato laboral toda relación de trabajo con dependencia económica aunque no quede clara la dependencia organizativa por el uso de las nuevas tecnologías.
- Garantizar la representación colectiva en las plataformas digitales.
- Reconducir el trabajo en plataformas digitales al marco de relación laboral por cuenta ajena impidiendo la extensión del falso autónomo.
- Afrontar la robotización de los procesos industriales mediante la imposición de impuestos que graven las ganancias que proporcionan su introducción en el sistema productivo. O imponer la reducción de jornada que evite despidos en los casos en los que se produzcan automatizaciones.
Nos encontramos en un punto de inflexión en el que la sociedad consciente del devenir al que nos ha llevado la globalización, quiere intervenir para poner freno al expolio del poder económico sobre los trabajadores. Las multinacionales, con el fin de maximizar los beneficios empresariales, han optado por la deslocalización de su producción hacia países empobrecidos donde no se respetan los derechos humanos. En este punto surgen dos corrientes contrapuestas: la que quiere preservar los privilegios de las multinacionales de la mano de tratados de libre comercio (TTIP, CETA...) y la que pretende garantizar los derechos humanos y el respeto al medio ambiente. El partido SAIn quiere unirse a ésta última con las siguientes propuestas:
- Promover una posición común de los estados miembros del Parlamento Europeo para la aprobación del tratado vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos, (Resolución 26/9 de junio de 2014, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).
- Exigir que la Comisión Europea cumpla el mandato de proponer una legislación vinculante que impida la explotación a los trabajadores del sector textil y garantice la sostenibilidad ambiental. (“Iniciativa Emblemática de la Unión en el sector de la Confección” aprobada el 27 de abril de 2017 por el Parlamento Europeo con el 83% de la cámara a favor).
