El colapso del Rana Plaza supuso un punto de inflexión en la toma de conciencia colectiva a nivel global sobre la necesidad de controlar las condiciones de trabajo y de garantizar el cumplimento de los derechos humanos en la industria textil.
Como consecuencia de la presión social, en 2015 la Comisión Europea anunció que desarrollaría una iniciativa legislativa sobre la sostenibilidad del sector textil a nivel global. Sin embargo, dos años más tarde no había avanzado prácticamente en nada. Ante la pasividad de la Comisión, a principios de 2017 el Parlamento da un paso adelante con la elaboración de un informe de iniciativa propia en la Comisión de Desarrollo. Este informe recae sobre el grupo parlamentario GUE/NGL, siendo Lola Sánchez designada como ponente. El informe Sánchez Caldentey nace con un claro objetivo: presionar a la Comisión Europea para que vaya más allá de las buenas intenciones y redacte una propuesta legislativa. El objetivo último de la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo es acabar con la situación de explotación entre las trabajadoras del sector textil, invisible en el mundo occidental, pero de la que los consumidores nos aprovechamos involuntariamente cada vez que compramos ropa.
El 27 de abril de 2017 el Parlamento Europeo aprobó, con el 83% de la cámara a favor, el informe Sánchez Caldentey sobre la “Iniciativa Emblemática de la Unión en el sector de la Confección”, estableciendo un mandato contundente para que la Comisión Europea proponga una legislación de carácter vinculante.
Con esta Resolución, el Parlamento Europeo expresa su firme voluntad de erradicar la situación de esclavitud moderna que sufren millones de trabajadoras (el 80% mujeres) en el mundo. La futura legislación europea deberá establecer obligaciones en materia de diligencia debida para las empresas transnacionales de la industria textil. La complejidad y la fragmentación de las cadenas de valor mundiales exigen de legislación vinculante, que obligue a las empresas, operen donde operen, a ejecutar la diligencia debida, es decir, a vigilar y acreditar que sus subcontratas respetan los estándares laborales de la OIT y los Derechos Humanos.
A nivel técnico, el informe aprobado por el Parlamento propone a la Comisión Europea que redacte una propuesta legislativa en sintonía con las directrices de la OCDE sobre la Diligencia Debida para la Gestión Responsable de las Cadenas de Suministro en el Sector de la Confección y el Calzado publicadas a principios de 2017.