El III Plan África debe obedecer a los objetivos para el que ha sido creado, no para encubrir los intereses económicos y geoestratégicos españoles.

La primera edición del Plan de Acción para África (conocido como Plan África) se aprobó en 2006, en plena “crisis de los cayucos”. Se presentó como un plan humanitario para prevenir la inmigración mediante el desarrollo de los lugares de origen. Durante su vigencia, el Estado español suscribió doce acuerdos con los Estados de África Occidental, seis de ellos, acuerdos de readmisión.

En junio de 2009 se presentó el II Plan África (2009-2012). Este nuevo plan se articula en torno a tres objetivos transversales: derechos humanos,  igualdad de género y sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. Estos se desarrollan en otros seis objetivos generales, entre ellos, la “promoción de las relaciones comerciales y de inversión entre España y África, y del desarrollo económico africano” y la “consolidación de la asociación con África en materia migratoria”.

Las prioridades estratégicas del II Plan África se corresponden con intereses españoles, especialmente pesqueros y energéticos, y con la relevancia estratégica de los países de origen y tránsito de las personas refugiadas e inmigrantes que llegan al estado español.

Bajo el pretexto de la generación de un desarrollo en los países de origen, que evite la migración clandestina, el Estado español ha implementado una política de cooperación con los países africanos atravesada por intereses geoestratégicos y comerciales. El Plan África, uno de sus ejemplos más significativos, ha convertido la lucha contra la inmigración ‘ilegal’ en la justificación para el despliegue diplomático, económico y militar español en el continente africano[1].

En cuanto a los acuerdos pesqueros de la UE con los países africanos:

Adama Lam, vicepresidente del Grupo de armadores y empresas pesqueras senegalesas (GAIPES): “El Gobierno se ha plegado a los intereses extranjeros”. “Nosotros habíamos pedido la reemisión de permisos para el atún y se nos denegó con el pretexto de que las reservas estaban sobreexplotadas. Justo después vimos que el Gobierno firmaba un acuerdo con los europeos. Es un escándalo. Sopasen, como las otras empresas conjuntas que operan en el puerto de Dakar, pesca principalmente para la exportación: quisquillas, pescado azul, pulpos y otras especies destinadas al mercado europeo, pero también a Asia y a los países africanos con mayor poder adquisitivo, como Costa de Marfil. “Pero el atún es lo que permitiría a las empresas ganar mayores beneficios”. “Los armadores europeos han recibido una autorización de facto para saquear nuestro mar sin límites”. [2]

• Replantear los acuerdos económicos de la Unión Europea con los países de origen de los inmigrantes, evitando la eliminación de puestos de trabajo en los países de procedencia, primera causa de la inmigración y de empobrecimiento. Introducir acuerdos de verdadera colaboración, de igual a igual, no de cooperación (paternalista). Plantear los planes con ellos y no para ellos. Que las comunidades afectadas participen en las negociaciones y desarrollo y aprueben o rechacen los acuerdos o inversiones que les afecten. Un ejemplo claro son los acuerdos de pesca con países como Senegal, Marruecos, Gabón, Mauritania, etc.^[3]

[1] Fuente: Plan África (I y II)

[2] Fuente: Pescado barato. Cómo Europa seca los mares africanos

[3] “Con los impuestos de los ciudadanos europeos se fomenta el saqueo de los recursos africanos” Adama Lam, vicepresidente del Grupo de armadores y empresas pesqueras senegalesas (GAIPES).

Cerrar caminos seguros y abrir vías que llevan a la muerte es más propio de mafias que de estados democráticos. A más muros… más mafias. La militarización de las fronteras marítimas y terrestres en los últimos años en las fronteras europeas no ha desanimando a los migrantes a viajar, solo ha provocado más muertes y ha multiplicado la existencia de las mafias.

La situación en Europa

 Así explicaba Médicos sin Fronteras la situación actual[1]:

Moria es el vergonzoso campo de refugiados que está en Europa donde reina la reclusión, la violencia y el caos. En el campo de la isla de Lesbos, en Grecia, más de 8.000 personas malviven hacinadas y sufren todo tipo de violencia -incluida sexual-, traumas y graves enfermedades mentales. Pedimos su traslado a un lugar seguro. Con el aumento del número de migrantes y refugiadas en Lesbos (Grecia), la situación en el campo de refugiados de Moria va camino del caos absoluto. Las miles de personas atrapadas en el campo viven enfrentamientos y disturbios diarios, así como ataques de violencia sexual. Todo ello está afectando gravemente a la salud mental de las personas, incluidos los niños.  Actualmente, en Moria viven más de 8.000 personas hacinadas en un espacio diseñado para 3.000. La superpoblación en el campo ha hecho que las condiciones de vida sean muy precarias y que la salud médica y mental de los habitantes se haya deteriorado. En los últimos meses, hemos sido testigo de la escalada de violencia en Moria y hemos atendido a supervivientes de violencia sexual perpetrada dentro y fuera del campo. Que los habitantes del campo no pueden llevar una vida digna y humana aumenta la tensión. Por ejemplo, en el área principal de Moria, los habitantes disponen de un inodoro funcional para cada 72 personas y de una ducha para cada 84. Recursos muy por debajo de los estándares humanitarios recomendados para situaciones de emergencia. Por todo ello, estamos preocupados por la inseguridad, la falta de condiciones de vida dignas y el limbo administrativo en el que las personas permanecen durante meses o años en Moria. También por el deterioro de su salud mental.

Nuestra clínica de salud mental en Mytilene atiende solo los casos más graves y, actualmente, está funcionando a pleno rendimiento."Aquí en Lesbos, parte de la razón por la que la salud mental se deteriora tan drásticamente es que las personas han vivido experiencias traumáticas y llegan a Europa esperando un refugio y un trato digno, pero se encuentran con lo contrario: más violencia y condiciones inhumanas", comenta Giovanna Bonvini, nuestra gerente de actividad de salud mental en Mytilene. “Algo muy preocupante, que sabemos por medio de nuestro grupo de terapia de salud mental para niños, es que tanto los menores no acompañados como los que tienen familia en el campo, se están traumatizando de nuevo por las experiencias que viven en Moria. En las últimas cuatro semanas, ha aumentado el número de menores que recibimos con intensos ataques de pánico, ideas suicidas e intentos de suicidio. Las atroces condiciones de vida y la violencia cotidiana en el campo están teniendo un impacto muy perjudicial en la salud mental de nuestros pacientes y está provocando que muchos de ellos desarrollen enfermedades mentales graves", dice el doctor Barberio.

Desde MSF pedimos el traslado de las personas vulnerables de Moria a un lugar seguro. Asimismo que se adecúe el número de habitantes a la capacidad del campo.

Además, solicitamos a la Unión Europea y a las autoridades estatales que aumenten el acceso a la atención médica y a la seguridad a los habitantes del campo. Insistimos en que se debe poner fin a las políticas de contención de migrantes y refugiados.

Nuestra experiencia demuestra que la política disuasoria del acuerdo de la Unión Europea con Turquía no es efectiva. Las personas siguen y seguirán huyendo de la guerra y el terror para sobrevivir. Encerrar en terribles e inseguras condiciones de vida a las personas que huyen simplemente traumatizará, aún más, a una población ya extremadamente vulnerable.

La situación en España:

Según el Defensor del Pueblo, la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio en España, con más de 40.000 nuevas solicitudes de protección internacional presentadas en 2017 y más de 30.000 pendientes de resolver de años anteriores es “insostenible”. Para la Institución también es “incomprensible” la demora en la publicación del Reglamento de Asilo que afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar.

El retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad continúa sin resolverse afectando no sólo al solicitante sino también a los miembros de sus familias que pueden caer en situación de irregularidad documental, a pesar de contar con largos períodos de residencia legal en España.

El Defensor del Pueblo considera que la Administración debe intervenir de manera urgente para solucionar la situación de las más de 400.000 personas que tienen pendientes de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia.[2]

• Establecer vías legales y seguras para migrantes y refugiados, empezando por los que permanecen en los campos de refugiados a las puertas de Europa[3] como medida inmediata. Como horizonte irrenunciable debemos exigir a la UE que cumpla y haga cumplir el artículo 13 de los Derechos humanos: “Toda persona tiene derechoa salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”  [4]

[1] Fuente:Moria, el vergonzoso campo de refugiados que está en Europa  (23/07/2018)

[2] Fuente:El Defensor del Pueblo tramitó 25.776 quejas en 2017, un 48,17% más

[3] Según médicos sin fronteras sólo en el campo de Moria (Lesbos) viven hacinadas 8000 personas sufriendo todo tipo de violencia.

[4] Según la propia Comisión Europea,  casi el 90 % de los refugiados y migrantes han pagado a la delincuencia organizada y a traficantes de seres humanos para que les hagan cruzar las fronteras.

Según el Defensor del Pueblo en 2017 un total de 8.814 personas fueron internadas en los CIE y en las instalaciones de Archidona y se ejecutaron medidas de expulsión o devolución sobre el 37,29% de ellas. De las personas internadas en los CIE, 7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas. En su opinión, se han convertido en centros de “acogida” para personas llegadas en patera. En este sentido, el MNP recuerda que la ley los diseñó como establecimientos destinados a garantizar la repatriación de las personas internadas en ellos [1].

Según el exjuez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios,  los CIE son centros de sufrimiento y espacios de impunidad policial. Son centros de sufrimiento porque la privación de libertad ya es sufrimiento. A ello se añade el miedo a la devolución, sobre todo en el caso de los que huyen de la persecución o de determinadas circunstancias de su país. Además, quienes denuncien maltrato pueden ser deportados rápidamente. Sobre el “motín” de 39 personas en 2016 afirma que: "No fue un motín, fue una protesta. Una protesta desesperada de gente desesperada". [2]

Pero no podemos ni debemos olvidar los centros de detención e internamiento, así como los asentamientos informales que existen por todo el Norte de Africa:

El conocido como “Guantanamito” de Mauritania (la antigua École Six de Nouadhibou) es uno más de los muchos centros de detención esparcidos por el norte de África en virtud de los pactos entre los gobiernos europeos y los países de origen y tránsito de las personas refugiadas e inmigrantes.  Fuente: CEAR

Como consecuencia de la militarización de las fronteras se han disparado las muertes en el Mediterráneo. Las operaciones de salvamento marítimo, como la Mare Nostrum italiana, han ido dando paso a la vigilancia e intervención militar en todo el Mediterraneo. Todas las muertes son injustas, pero especialmente sangrantes en el caso de España son las muertes de las 14 personas que murieron en el Tarajal en 2014 a consecuencia de las medidas antidisturbios empleadas por la Guardia Civil (botes de humo y pelotas de goma). El caso se ha reabierto ya dos veces (la última en agosto de 2018). Al igual que las 7 mujeres que murieron ahogadas en Melilla, arrastradas por la Guardia Civil en agosto de 2017 en el transcurso de una devolución en caliente en el mar. [3]

Hoy las fronteras “europeas” no se ubican solo en Ceuta y Melilla: están en Mali, Mauritania, Niger, Argelia… Desde 2016 ninguna embarcación llega a Canarias desde Mauritania. Lo impide la Guardia Civil en Mauritania, dependiente del Centro de Coordinación Regional de Canarias [4].   En 2003 España y Mauritania firman un Acuerdo de Repatriación para que este último readmitiera en su territorio a las personas expulsadas procedentes de diversos países del África subsahariana (Mali, Senegal, entre otros) así como para impedir que vuelvan a realizar nuevas salidas en dirección a Europa. Una vez en Mauritania, las personas nacionales de Mali son repatriadas a diversos puntos de la frontera común y el resto, conducidas a la frontera senegalesa, a la localidad de Rosso.

En este marco se construye, en 2006, el Centro de Detención de Nouadhibou, cuyo objetivo es detener a personas inmigrantes interceptadas en su camino a Europa. El Ejército español, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), transformó esta antigua escuela en un centro de detención. En su interior, Cruz Roja se encarga de tareas “asistenciales”.

Las celdas son ocupadas principalmente por senegaleses y malienses. La Policía realiza redadas en la costa, el puerto y las calles de la ciudad. No se les pregunta si su objetivo es viajar a Europa o permanecer en Mauritania.

En 2008, tras un informe de Amnistía Internacional en el que se denunciaba que, al mes, hasta 300 personas eran detenidas sin ningún control judicial, CEAR acude al Centro para evaluar la situación. Durante su visita, comprueba que las personas son detenidas sin procedimientos formalizados, no existen resoluciones administrativas ni posibilidad de interponer recursos ante las autoridades administrativas o judiciales y tampoco se contempla el derecho a la asistencia letrada o de intérprete.

Del estudio de la normativa y las propias declaraciones de las autoridades se extrae la falta de base legal del Centro. Como consecuencia, no está estipulado el tiempo máximo de detención, que puede oscilar entre los 3 y los 15 días, hasta que las autoridades pueden reunir un grupo de unas 15 ó 20 personas para llenar un microbús. Las personas no son informadas de cuándo y cómo se realizarán los traslados. A pesar de que el viaje hasta la frontera senegalesa o maliense dura más de 20 horas, a las personas únicamente se les facilitan unas galletas y una botella de agua. Algunas han manifestado que, desde el lugar donde les dejan, hasta llegar a su aldea, deben recorrer muchos kilómetros (más de 1.000) y para ello no cuentan con ningún recurso. La percepción de autoridades y organizaciones de derechos humanos es que, una vez producida la repatriación, la opción más generalizada es la de un nuevo intento.

El Defensor del Pueblo identificó en 2017 a 48 MENAS en los CIE, algo que va contra las leyes de protección de los niños.

Hay niños que tardan 6 meses en conseguir sus papeles u otros seis años. ¿Por qué? Pagan por ello. [5]

Por otro lado, como ha denunciado el Defensor del Pueblo Andaluz, al cumplir 18 años, los jóvenes migrantes se convierten en carne de cañón; algunos de ellos subsisten  mendigando o ejerciendo la prostitución. Una situación, que lejos de disminuir es previsible que aumente en los próximos años. [6]

• Derogar la Disposición Adicional Décima de la LO 4/2000, que ampara las devoluciones sumarias (devoluciones en caliente).
• Derogación de la actual Ley de Extranjería. Y crear una ley de asilo, acogida e integración
• Eliminar los CIES y habilitar Centros de Acogida dignos para las personas migrantes. Con asistencia legal, social, médica y psicológica y traducción desde el primer momento
• Desmilitarizar las fronteras europeas: priorizar el rescate y salvamento de personas en peligro de muerte. Asesoramiento y formación adecuada a los cuerpos de seguridad del Estado y otros agentes de acogida. Dedicar el dinero de FRONTEX a Salvamento en el Mediterráneo. Hacer prevalecer el Derecho Marítimo Internacional que obliga a todos los buques a auxiliar a quienes se encuentren en peligro independientemente de su nacionalidad, condición jurídica o las circunstancias en que se encuentren
• Asegurar la protección y seguridad de niños y jóvenes migrantes, especialmente de los que viajan solos: Menores Extranjeros no acompañados (MENA)
• La Unión Europea debe condenar y sancionar a los países fronterizos que no respeten los Derechos Humanos. Y revertir los acuerdos de externalización de fronteras.

[1] Fuente: El Defensor del Pueblo, como MNP, emitió más de 700 resoluciones tras visitar 107 centros de privación de libertad

[2] Fuentes: Ramiro García de Dios, la justicia valiente #PersonasQueSeMueven, El juez de control del CIE de Madrid: "Quienes denuncian maltrato suelen ser deportados rápidamente", Documentos CIE

[3] Fuentes: La justicia reabre por segunda vez la investigación por la muerte de 14 migrantes en la tragedia del Tarajal, Mueren siete mujeres tras "bloquear" la Guardia Civil la patera en la que iban

[4] Fuente: La Guardia Civil impide en Mauritania la llegada de un cayuco a Canarias

[5] Personas que se mueven. Videoteca

[6] Fuente: El Defensor del Pueblo alerta del peligro de prostitución para los menores de las pateras

• Asegurar el trabajo y el salario digno para todas las personas impidiendo que, especialmente los migrantes, se conviertan en los nuevos esclavos. Replantear el tráfico de mercancías en Ceuta y Melilla que esclaviza y mata a las mujeres porteadoras y enriquece a las ciudades autónomas reconociéndoles el derecho a un trabajo y salario digno.
• Frente a la economía sumergida y de explotación, aumentar las inspecciones de trabajo y combatir la explotación laboral sobre todo en la agricultura, la hostelería y el trabajo doméstico, donde hay mayor número de personas migrantes.

• Persecución del tráfico y la trata tanto con fines sexuales como laborales y que sufren en su mayor parte personas migrantes.
• Lucha contra las mafias y el proxenetismo. La prostitución es una forma de esclavitud y afecta sobre todo a las mujeres extranjeras. Proponemos que exista el turno de oficio especializado en trata en todas las comunidades autónomas. Así como la incautación de bienes a los tratantes, que deben ir destinados a la recuperación de las víctimas.

Tanto los llamados migrantes económicos como los refugiados deben ser acogidos y protegidos por igual bajo el amparo del derecho a asilo. Proteger especialmente a las familias priorizando la reagrupación familiar. Favoreciendo el derecho a la educación, a la sanidad y otros servicios sociales.

Combatir los mitos que circulan en torno a los migrantes haciendo públicos los datos objetivos de su aportación a Europa en términos sociales y económicos evitando así que se dañe la convivencia y se impida su acceso a trabajos dignos, la valoración de su identidad y el mutuo enriquecimiento cultural.