La brecha entre los más ricos de este planeta con el resto de la sociedad es abismal. En 2019, los 2.153 milmillonarios poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Además, lo podemos ver en este hecho: los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África.
Los espeluznantes datos de las víctimas de las migraciones forzosas son consecuencia de este mundo marcado por la injusticia Norte –Sur y por la demanda de mano de obra barata en los países enriquecidos. Ejemplo de ello es el acaparamiento de tierras por parte de las grandes multinacionales, que las dedican a producir cereal que alimenta el ganado que provee de carne al Norte enriquecido, provocando conlleva la emigración forzosa de miles de personas. Según el informe Missing Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el Mediterráneo central murieron, el pasado 2019, 1.318 migrantes en su intento de llegar a Europa. En el conjunto de rutas migratorias mundiales el número de fallecidos ascendió a 3.437 personas. Mientras no se ponga a la persona en el centro de las decisiones políticas y económicas, las cifras de desigualdad, hambre e inmigración irán en aumento.
Mientras, el gobierno retira la tercera valla de Melilla, pero subvenciona cada día más a Marruecos para controlar la frontera, externalizando el trabajo sucio para nuestro vecino del sur, porque así no queda tan feo y se puede seguir presumiendo de gobierno progresista. Muy de estos tiempos. Además, este gobierno justifica ya las devoluciones en caliente, gracias al favor que le ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con su aval, y hace que nuestro país se coloque a la cola de la Unión Europea en concesiones de asilo.
Por ello, en relación con las migraciones proponemos establecer vías legales y seguras para los refugiados, exigir el cumplimiento de los artículos de los Derechos Humanos que protegen a los inmigrantes, derogar la actual Ley de Extranjería, acabar con los CIES y habilitar centros de acogida dignos. Ahora bien, si es un derecho emigrar, también lo es no tener que hacerlo: si eliminamos los mecanismos de robo hacia los países empobrecidos, nadie se vería forzado a abandonar su tierra en busca de un futuro digno para sí mismo y para su familia.
El hambre no es una fatalidad. No se debe a causas técnicas ni económicas, sino a un sistema injusto, ineficaz e insostenible. Existen recursos suficientes para erradicar el hambre desde hoy mismo: hay que promover la agricultura de pequeña escala, defender el derecho a la tierra y a sus recursos; por otra parte, se debe luchar contra el despilfarro de los alimentos, la imposición de los monocultivos, el acaparamiento de tierras y los tratados de libre comercio que ahogan a los países empobrecidos, así como eliminar la especulación con materias primas alimentarias. No se puede perder de vista que los alimentos son un negocio para las grandes multinacionales que controlan la producción, el comercio y la distribución de los mismos.
Estamos ante el gobierno del “sí se puede”. ¿Se quedará en un slogan? Exijamos voluntad para llevar a cabo una política solidaria con los empobrecidos y una campaña de opinión pública que evite su criminalización.