El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de ley de la eutanasia presentada por el grupo del PSOE. Es la tercera vez que llega esta propuesta al Congreso. Parece que hay cierto empeño y urgencia por parte del PSOE, Podemos y sus socios en el parlamento por sacar adelante la primera ley de eutanasia en nuestro país.
La democracia real implica el protagonismo de la ciudadanía en la toma de decisiones, y para ello es imprescindible un amplio debate social antes de aprobar una ley de este tipo y no tanto eslogan, prejuicio y consigna fabricada desde el poder. Resulta imprescindible para formarse un criterio conocer la experiencia real de otros países, las situaciones concretas de enfermos concretos (y no solo del caso mediático de turno), las dudas que surgen ante la aplicación de la eutanasia, o las reflexiones de quien ha estudiado el tema de cerca y desde un punto de vista profesional. La Asociación Médica Mundial en 2019, sin ir más lejos, se posicionó frente a la eutanasia por ser contraria a la ética dado que no garantiza ni calidad de vida ni calidad de muerte.
El PSOE y su socio hablan del derecho del individuo a decidir cuando la realidad es que nadie decide nada sin calibrar las consecuencias de su decisión para su familia y para la sociedad. Esa libertad de la persona enferma para decidir está condicionada por numerosas presiones, especialmente para los débiles y los más pobres.
En primer lugar, se da la presión laboral que impide la dedicación al cuidado de los familiares enfermos, la falta de condiciones en muchas viviendas, los retrasos en las ayudas estatales a la dependencia, la falta de facilidades para la adaptación de los hogares… Las familias con más recursos económicos y sociales abordan mejor estas dificultades, mientras que las más pobres se verán presionadas por la situación familiar y laboral de sus cuidadores. En muchos casos pueden, incluso, verse empujadas a solicitar la eutanasia o el suicidio por el deseo de liberar a la familia de su propia carga. Esta ley en una sociedad tan envejecida como la nuestra lanza un mensaje a los más vulnerables contrario a toda ética del cuidado y la responsabilidad.
En segundo lugar, la falta de desarrollo de los cuidados paliativos en buena parte de España impide que haya una libertad real de elección. El 50% de la población no tiene acceso a unos cuidados paliativos que puedan ayudar a transitar el final de la vida. La necesaria ley de cuidados paliativos sigue aparcada y sin financiación adecuada pero el gobierno da prioridad a la de eutanasia por pura estrategia politiquera.
Exigimos a este gobierno que centre su esfuerzo en que las personas tengamos condiciones de vida dignas hasta el final la misma. Esto se traduce en que la sanidad funcione para todos, que los cuidados paliativos no sean un privilegio de unos pocos, que todo salario sea justo y sea posible el acceso a una vivienda digna. El camino fácil es deshacerse de quienes no llegan a fin de mes, no pueden pagar residencias u hospitales privados ni adaptar su vivienda de acuerdo con sus necesidades funcionales. Sin estas condiciones de vida dignas, que deberían ser el horizonte político de un gobierno socialista, la decisión de la persona sobre el final de su vida nunca será libre.
Es evidente que a este gobierno le urge sacar adelante una ley que nos vende como de izquierdas. Les interesa identificar el no a la eutanasia con la derecha política y con el encarnizamiento terapéutico alejado de la buena práctica médica. Tal vez deberían conocer la experiencia del Partido Comunista de Portugal que votó en contra de la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido en su país argumentando que la responsabilidad del Estado es garantizar la vida digna para todos, sea cual sea su capacidad, su salud y su cercanía a la muerte. Eso sí es una posición coherente con el verdadero socialismo. Tomen nota ustedes, señores del gobierno.
Partido SAIn