Lucha contra la corrupción política

Publicamos la actualización del punto de nuestro programa político sobre la lucha contra la corrupción política.

La política es un servicio al bien común, empezando por el de los más débiles, y no al de la mayoría o al interés general. Esto supondría poner en práctica los principios de solidaridad y de subsidiariedad, los cuales darían el protagonismo a la Sociedad y se lo reducirían al Estado. Un estado que, sin embargo, en la actualidad está formado por partidos políticos que en el fondo velan por sus propios intereses y que funciona como una maquinaria burocrática frente a las personas, las familias y la Sociedad.

Los pactos que no tienen en cuenta el bien común, las negociaciones postelectorales de espaldas al electorado, no dejan de ser un mercadeo corrupto de la “voluntad popular” expresada en las urnas. Esta es una forma de corrupción que hace del principio de representatividad incluso algo más inútil de lo que ya era. El poder en nuestras instituciones políticas ya no depende de los votos sino de lo que negocien los votados con sus intereses.

La creciente desigualdad entre los miembros de nuestra sociedad, lejos de ser atajada por los políticos, es acrecentada con las leyes que éstos aprueban al servicio de los grandes poderes económicos; los cuales marcan las reglas de actuación por encima del poder político y social. Los partidos y sus dirigentes más representativos se alinean con las élites, alejándose cada día más de la sociedad.

Mientras que las familias aumentan sus dificultades para acceder al trabajo digno y a la vivienda, o caen en la exclusión social a pesar de tener trabajo, en diciembre de 2018, diputados y senadores votan unánimemente subirse el sueldo. Esta corrupción de las élites políticas mina la moral de la sociedad, que se aparta del proceso político.

La corrupción política tiene consecuencias graves en Europa: las leyes están supeditadas a la voluntad de cada vez menos personas, crece el número de excluidos y desmotivados para protagonizar la vida social y política, aumenta la presencia de personas sin derechos tales como migrantes y refugiados, que son vistos como enemigos. Esta corrupción hace que se desee el liderazgo de una pequeña élite política frente a la responsabilidad de practicar en nuestras relaciones personales e institucionales los principios que verdaderamente construyen una sociedad humana: la Solidaridad y la Subsidiariedad.

La sociedad identifica claramente a los culpables de esta corrupción: 66% corresponde a la clase política, 64% a los bancos y 63% a la burbuja inmobiliaria. A pesar de ello, su desmotivación es tan fuerte que no solo no quiere participar en política, sino que tampoco se siente motivada a manifestar su solidaridad
con los que están peor. Este individualismo y la creciente violencia social fruto de la corrupción que promueve un modelo de partidos políticos ideológicos es insostenible.

La corrupción expresada en burocracia, en la pérdida del valor del voto, en la desigualdad creciente, así como en la búsqueda individual de salvación van eliminando de la vida pública el protagonismo de cada persona, de cada familia y de la Sociedad, y con ello la vocación que cada uno tenemos de servir y
colaborar con la misma. Sin embargo, la Historia de la humanidad nos muestra con testimonios, tanto personales como colectivos, que es posible una acción política sin corrupción que transforme la sociedad al asumir ésta su protagonismo político.

El partido SAIn en su programa contra la corrupción política propone:

  1. Que todos los cargos electos cobren del erario público, como máximo, el Salario Mínimo Interprofesional.
  2. Que sus cotizaciones, jornada laboral y pensiones sigan los mismos criterios que el resto de los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, eliminando todos los privilegios de los cargos electos.
  3. Eliminación de las subvenciones y de la financiación pública para los partidos políticos sindicatos y patronales. Que se financien con sus cuotas y su trabajo.
  4. Endurecer las leyes contra el robo y la malversación de bienes públicos (enriquecimiento, uso inadecuado, perjuicio de los fondos públicos, etc), fijando la máxima prescripción para estos delitos. Restitución de lo robado o malversado. Que aquellos que hayan legislado sobre empresas no puedan incorporarse a ellas hasta pasado un tiempo determinado.
  5. Favorecer una reforma de la ley electoral que promueva el debate y la participación política de los miembros de la sociedad. Limitación a 8 años como cargo electo.