Imaginemos por un momento la situación de confinamiento por el Covid-19 sin los dispositivos tecnológicos que han permitido compartir todo el aluvión de información que se maneja durante estos días. Esos ordenadores, tabletas y móviles a través de los que accedemos a los constantes anuncios de “quédate en tu casa”, y “este virus lo paramos entre todos” y que son objetos cotidianos en nuestras casas. Pero antes de llegar ahí, han recorrido un camino en el proceso de fabricación que forma parte de una auténtica economía de guerra.
Hace unos meses los medios se hacían eco de una demanda en EEUU a las empresas Tesla, Google, Dell y Apple por esclavitud infantil en el Congo. Allí, niños menores de catorce años cobran 0,73 € al día por extraer cobalto poniendo en riesgo sus vidas, pues los hundimientos de galerías son frecuentes. En la demanda judicial, interpuesta por la organización International Right Advocates se podía leer la siguiente afirmación: ““El auge tecnológico ha provocado una explosión en la demanda de cobalto”. Una explosión que produce muerte y sufrimiento, basada en el poder adquisitivo de la sociedad enriquecida.
La industria tecnológica de las comunicaciones no es la única que recurre a mano de obra infantil. En nuestros días, los novedosos métodos de producción textil que permiten renovar, de forma constante y en tiempo récord, el catálogo de prendas disponible en las grandes cadenas de ropa, se basan en la explotación de los trabajadores en los talleres de los proveedores de tejidos. En el estado de Tamil Nadu, India, niñas menores de 16 años trabajan largas jornadas de 68 horas semanales, durmiendo en los propios talleres, por sueldos miserables (1,3 dólares diarios), para producir los tejidos de algodón que comprarán empresas de la moda española. Inditex, Cortefiel o El Corte Inglés, sin ir más lejos, fueron objeto, el año pasado, de denuncias de organizaciones internacionales como Center for Research of Multinational Corporations, que en su informe “Tejidos defectuosos” manifiesta que la falta de trazabilidad de los productos hace muy difícil identificar las empresas intermediarias que se aprovechan de la esclavitud infantil.
La clave de todo ello está en la movilidad, es decir, la facilidad con la que, gracias a los avances logísticos, las empresas trasladan la producción a lugares donde la mano de obra tiene unos costes a precio de esclavitud. El cinismo reside en que, aunque estas empresas pretendan lavarse la cara con supuestos programas de supervisión de la cadena de producción para evitar estas situaciones, son conscientes de que es imposible producir tan barato sin sacrificios humanos, aparte de la evidencia de que los mecanismos de control en estos países son prácticamente inexistentes, y además las legislaciones laborales son muy laxas. El precio por hora de trabajo por sí solo ya es un indicador de la imposibilidad de que se haya realizado en condiciones dignas. Y eso las empresas lo saben desde el primer minuto en el que deciden trasladar allí la producción. La consecuencia directa de esta práctica empresarial tiene una cifra: 400 millones de niños esclavos en todo el mundo.
Evidentemente, las formas de vida de los países enriquecidos son el primer eslabón de esta cadena. La sobreproducción de bienes de consumo, no solo tecnológicos o textiles, sino también en sectores primarios como la agricultura o la pesca, en los servicios, como el turismo –y en una de sus formas más infames: el turismo sexual-, se sustenta en el ansia por adquirir el último modelo de móvil o la última tendencia que marca la moda, por poner solo unos ejemplos.
Para acabar con todo ello, urge una legislación internacional realmente efectiva que inspeccione las condiciones de trabajo y que persiga, con consecuencias penales, la esclavitud infantil. Las empresas que están implicadas, directa o indirectamente, en la esclavitud infantil han ser cerradas o penalizadas de forma que restituyan y reparen el daño. Por otra parte, también es necesaria una acción sindical que tenga alcance internacional, puesto que las multinacionales se mueven globalmente. Asimismo, la esclavitud infantil y el trabajo en condiciones de explotación fuera de nuestras fronteras generan paro y precariedad en los países enriquecidos, otra razón más por la que los sindicatos no pueden eludir su implicación.
El próximo 16 de abril es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Ese día fue asesinado un niño de doce años que luchó por erradicar la esclavitud en su país, Pakistán. Ese niño se llamaba Iqbal Masih, y tenía muy claro que las causas del sufrimiento de niños como él, que había sido víctima de los talleres de alfombras, son políticas. Todos los partidos deberían verse interpelados por esta situación.
Es el momento de exigir un compromiso fuerte por parte de instituciones culturales, sociales y sobre todo políticas, para erradicar la esclavitud infantil. Por supuesto, contra este virus, que lleva matando décadas, también es necesario el compromiso de todos.
Araceli González y Maky Caballero