Poblados de chabolas en condiciones «mucho peores que las de un campamento de refugiados». Sin agua corriente, electricidad ni sistemas de saneamiento. Habitantes, trabajadores inmigrantes del campo, que han vivido en ellos durante años «sin que su situación haya mejorado un ápice». Es el panorama que dibuja Philip Alston, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en un contundente informe sobre su visita oficial a España, que tuvo lugar del pasado 27 de enero al 7 de febrero.
A lo largo del documento, publicado este lunes, Alston desarrolla alguna de las conclusiones que ya adelantó entonces, incidiendo en que durante su estancia conoció de primera mano «lugares que muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país» y criticando con dureza que «los poderes públicos han fallado mayoritariamente» a las personas que viven en la pobreza. El informe será presentado por su sucesor en el cargo, Olivier De Schutter, en el Consejo de Derechos Humanos este martes 7 de julio.
El que fue investigador independiente para la ONU desde 2014 repasa algunos problemas que deben ser, insiste, prioritarios para el Gobierno, que afectan al sistema de protección social, la educación, la vivienda o la política tributaria. También, reclama a las autoridades que presten atención a los «efectos desproporcionados» que tiene la pobreza en determinados grupos, como las mujeres, los menores, los jóvenes, la población rural, la población gitana, las personas con discapacidad, las trabajadoras domésticas así como las personas migrantes. Alston reclama «actuaciones urgentes» y repite su mantra: «La pobreza existe, en definitiva, a causa de decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla». En 2018, el 26,1% de la población que vive en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social y más del 55% tenía alguna dificultad para llegar a fin de mes, indicadores «alarmantes» para el experto, que recuerda que están entre los más altos de Europa.
Durante su visita a España, Alston estuvo en varias comunidades autónomas y se reunió con autoridades municipales, autonómicas y estatal, así como representantes de la sociedad civil, miembros del mundo académico y activistas, y personas afectadas por la pobreza. Entre los sitios que visitó está un asentamiento informal donde vivían jornaleros de inmigrantes en Huelva. El experto confesó entonces que las condiciones en las que malvivían le impactaron profundamente y así lo plasma en su informe. «Las condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. Muchas de esas personas han vivido allí durante años y podrían pagar un alquiler, pero contaron al Relator Especial que nadie las aceptaría como inquilinas o inquilinos», reza el documento.
Precisa que los habitantes del asentamiento en el que estuvo «ganan apenas 30 euros al día y prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública» y recoge algunas cifras facilitadas por las organizaciones civiles, según las cuales entre 2.300 y 2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de la fresa. «La campaña de la fresa 2018-2019 generó en Huelva un volumen de negocios de 533 millones de euros. La sociedad Driscoll’s y sus empresas asociadas, líderes del mercado, tienen un conjunto de normas laborales que, según afirman, ‘se aplican a todos los trabajadores de [su] cadena de suministro, sin distinción», señala. «Habida cuenta de que las condiciones imperantes en Huelva son sencillamente inhumanas y del predominio de esta sociedad multinacional en el sector local y mundial de la fresa», precisa Alston, que a continuación propone ayudar a vigilar y mejorar «las condiciones laborales sin escrúpulos», escribe el investigador, que «prevalecen» en la zona.
El investigador australiano subraya, no obstante, que es «alentador» que el Gobierno haya «tomado ya medidas para arrojar luz sobre la situación» de los trabajadores inmigrantes. Entre sus recomendaciones principales, concluye que es «particularmente importante» que el Ejecutivo proporcione a la población migrante «condiciones de trabajo decentes y un camino hacia la residencia legal que no requiera años de espera y una oferta de trabajo a tiempo completo».
Recientemente, Olivier De Schutter, el nuevo relator, ha vuelto a poner el foco en las «pésimas condiciones» de los jornaleros inmigrantes empleados como «trabajadores esenciales» para recoger fresas durante la pandemia de COVID-19 mientras que el resto de España se encontraba confinada. En concreto, resalta la situación de las 3.000 mujeres de Marruecos que viajan cada año a Huelva para la cosecha de esta fruta. «A menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo en España y se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto», reza el comunicado, lanzado el pasado 26 de junio.
De Schutter deja claro que todas las autoridades son responsables de garantizar a estas personas unas condiciones que cumplan con las normas internacionales. «La completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional», afirma. «Los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades públicas, no suyo. Este hábito de pasarse la pelota debe terminar», recalca, a la vez que insiste en que un empleador no puede justificar su incumplimiento por el hecho de que las autoridades del Estado «no apliquen efectivamente la legislación nacional».
En su informe, Alston recoge también las demandas de las ONG sobre las «situaciones sumamente angustiosas de mujeres y niñas migrantes, especialmente empleadas en la agricultura, que sufrían una gran vulnerabilidad, estaban expuestas a la explotación sexual y comercial, eran objeto de la violencia institucional y carecían de la protección más básica».
Menores, trabajadoras domésticas y población gitana
Por otro lado, destaca la situación «extremadamente preocupante» de una población vulnerable como los niños y adolescentes extranjeros no acompañados, «que ha sido demonizada recientemente en el debate político». «A pesar de haber sido criticada a nivel internacional, España sigue utilizando procedimientos desacreditados y poco fiables para determinar la edad de las personas menores no acompañadas, en particular exámenes genitales invasivos y humillantes», recuerda Alston, en referencia a las cuestionadas pruebas a las que los menores inmigrantes son sometidos para tratar de concluir su edad. «El no reconocimiento de la condición de menor puede cerrar el acceso a las ayudas o a los albergues para adultos o menores, creando un vacío que puede empujar a las niñas y niños a la pobreza y exponerlos a la trata, el trabajo sexual, los abusos sexuales, la farmacodependencia o incluso la desaparición», agrega el experto, que es titular de la cátedra John Norton Pomeroy de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y preside el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global..
Además, pone de relieve las condiciones de las personas que trabajan en el servicio doméstico o cuidando de otras personas, un 98% de las cuales son mujeres. Según cifras facilitadas por las organizaciones de la sociedad civil, un tercio vive en la pobreza, y la mayoría trabaja en la economía informal para un empleador que no paga la cotización correspondiente de la seguridad social. Destaca las personas sin papeles son «especialmente vulnerables a la explotación, y se han señalado casos de empleadoras y empleadores que confiscan los pasaportes». Alston recuerda que el nuevo Gobierno de coalición se ha comprometido a ratificar el Convenio de la OIT sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, conocido como el Convenio 189. «Si aplicara íntegramente las disposiciones del Convenio, España daría un importante paso adelante», añade.
Le preocupa especialmente la situación de la población gitana en España, apuntando que se calcula que más del 80% vive en situación de pobreza o exclusión social, y el 46% es extremadamente pobre, con una renta mensual inferior a 310 euros. Alston refleja lo que se encontró cuando visitó dos comunidades en el Polígono Sur de Andalucía y en la Cañada Real de Madrid, y aunque matiza que son «ejemplos extremos, no necesariamente representativos de las condiciones en las que vive la mayoría», los resalta porque opina que es «escandaloso comprobar hasta qué punto los poderes públicos correspondientes parecen haber abandonado a estas personas». «En ambos lugares, la población residente libraba una batalla perdida para acceder a las ayudas y servicios públicos más básicos». Y añade que las autoridades públicas coinciden en que la situación de muchas personas gitanas es «calamitosa», pero «al parecer se resignaban a aceptar que determinados grupos habían quedado relegados a la condición de ciudadanas y ciudadanos de tercera clase sin acceso a la mayoría de los derechos que les corresponden». «Algunas de esas autoridades solo parecían preocuparse de marcar en su haber la adopción de tal o cual medida, y les importaba bien poco lograr resultados tangibles. Después de años de planes e indicadores sin duda bien intencionados, los índices de pobreza de la población romaní siguen en niveles deplorables», concluye.
«La gente se siente abandonada con razón»
Alston cuenta que, durante las dos semanas que pasó en España conociendo la realidad de la pobreza, la palabra que escuchó con más frecuencia de las personas con las que se entrevistó fue “abandonados”. «Abandonados los habitantes de un pueblo sin transporte público para ir al médico y sin dinero para pagar un transporte privado. Abandonados en un suburbio estigmatizado de renta baja que la policía evita. Abandonados frente a caseras y caseros sin escrúpulos, aumentos desorbitados del alquiler o viviendas protegidas destartaladas, y abandonados frente a un sistema burocrático arbitrario que niega ayudas vitales sin dar explicaciones», sostiene taxativamente.
Para él, la gente «se siente abandonada con razón». Y hace hincapié varias veces en que la recuperación económica «ha beneficiado mayoritariamente a las grandes empresas y a las personas más adineradas, mientras que muchos de los servicios públicos y las protecciones que sufrieron graves recortes después de 2008 no se han restablecido». Según las cifras recopiladas en el documento, el crecimiento de las rentas «ha beneficiado principalmente a quienes están arriba»: mientras que las rentas del 1% más rico crecieron un 24% entre 2007 y 2017, el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media. El investigador agrega que los beneficios empresariales se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero la parte de los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de sociedades se dividió por la mitad este mismo periodo, según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, pasando del 22,3% de los ingresos tributarios totales al 11,9%. «Antes de la crisis, España había permanecido relativamente inmune al aumento de la desigualdad que afectaba a tantos otros países, pero los índices de desigualdad se han disparado desde 2010. Con las medidas de liberalización y las jugosas reducciones del impuesto de sociedades que se introdujeron, no es de extrañar que a quienes más tienen y a las grandes empresas les haya ido tan bien», defiende.
Alston cree que si España se propone verdaderamente luchar contra la pobreza «y realizar las inversiones tan necesarias en materia de asistencia social, educación y vivienda», debe cambiar sus políticas tributarias, por lo que recomienda una reforma fiscal de «gran calado» que permita garantizar un «fuerte efecto redistributivo, reducir el fraude fiscal y la elusión de impuestos».
Por otro lado, reclama medidas para aliviar la crisis de vivienda. A su juicio a pesar de que existe un «gran consenso sobre los daños que causan las políticas de vivienda y protección social actuales» la inacción, dice explícitamente, es la «tónica general». «Resulta más que evidente que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, aunque se nombren frecuentemente en los discursos. Mientras los gastos de vivienda se disparan, se privatizan bloques de apartamentos y se realizan desalojos agresivos, la oferta de viviendas sociales de bajo costo es casi inexistente, a pesar del consenso existente sobre su necesidad». Alston celebra la puesta en marcha del índice de los precios de alquiler en todo el país.
El experto considera igualmente que el sistema de prestación de asistencia social «está roto» y no llega a las personas que más lo necesitan. «Debería contribuir de manera importante a reducir la pobreza, pero resulta extraordinariamente ineficaz, ya que las familias ricas se benefician más de las transferencias monetarias que las pobres. El sistema está fragmentado, es imposible no perderse en él y las ayudas no llegan a las personas pobres que más las necesitan», añade.
Asimismo, pide establecer un programa de educación preescolar para todos los niños y niñas de 0 a 3 años de edad y emprender una «exhaustiva revisión del sistema educativo para reducir los alarmantes niveles de abandono escolar temprano, repetición de curso y segregación escolar», sufragando la totalidad de los gastos relacionados con la educación de las niñas y niños que se encuentran en riesgo de pobreza.
En un comunicado publicado este lunes, el experto, ya no en calidad de relator, valora la adopción del Ingreso Mínimo Vital, posterior a su visita. Considera que tiene una «gran importancia simbólica, pero es solo la primera de muchas medidas que deberían tomarse con urgencia». “Es un logro ambicioso e impresionante que podría ser de gran ayuda ahora y en el futuro para las personas en situación de pobreza. El Gobierno debería garantizar que no se vea afectado por los mismos problemas que socavan las prestaciones de muchas comunidades autónomas, que a menudo llegan a muy pocas personas, proporcionan muy poco apoyo, tienen requisitos onerosos y limitan la elegibilidad”. Recuerda que Olivier De Schutter ha pedido a España que amplíe la cobertura y la elegibilidad del nuevo Ingreso Mínimo Vital, reduciendo los trámites burocráticos.
Con la misma dureza, defiende la necesidad de reformas en profundidad ha «quedado aún en mayor evidencia» desde su visita, con el estallido de la pandemia. «La COVID-19 ha arrojado luz sobre las graves deficiencias en las políticas del gobierno central y las comunidades autónomas para combatir la pobreza, con millones de personas que no pueden trabajar sufriendo por retrasos en el pago de prestaciones, problemas técnicos y una asistencia inadecuada”, concluye.
Icíar Gutiérrez
Fuente: Eldiario.es