No es la primera vez que el fuego se encarga de recordarnos que entre nosotros viven personas en una especie de limbo terrenal, que constituye por sí mismo un universo aparte, ignorado por la sociedad hasta que ocurre una desgracia. El Ejido, Níjar, Lepe, Lucena del Puerto y esta semana Badalona, con tres víctimas mortales por ahora, ya no se pueden considerar anécdotas. Son la prueba de que aquí tenemos nuestro Moria particular.
Se estima que en España hay unas 430.000 personas en situación irregular, calculando a la baja. Desde los partidos de derecha se habla del “efecto llamada”, ocultando deliberadamente que el altísimo nivel de economía sumergida, de casi el 25%, es el que se nutre de los inmigrantes y el que realmente los llama. Una economía mafiosa que tiene esclavos a su servicio y que configura dos clases de trabajadores en el mundo enriquecido: los que tienen derechos laborales y la auténtica subclase en la que se incluyen personas como las que han muerto este martes. Por ello, la situación es esquizofrénica: la economía los necesita, pero la política los criminaliza y les impide el acceso a unas condiciones de vida digna, y proliferan los campamentos de chabolas y los edificios ocupados, que generan molestias a los vecinos y sirven para que el alcalde de turno elabore sus discursos populistas, o bien son pasto de las llamas, en ocasiones de manera intencionada.
En Cataluña la Generalitat ha decretado dos días de luto, en los que las banderas ondearán a media asta. No diré que me parece mal el gesto, pero el sentimentalismo no solucionará esta situación. Como tampoco lo hará transformar las verdaderas causas en una cuestión de identidad. Los muertos son ante todo trabajadores, trabajadores pobres, con independencia de la realidad laboral que estuvieran viviendo. No han muerto por ser negros o magrebíes, han muerto porque a la vez que se les necesita, se les persigue y se les rechaza por su pobreza. La lucha no puede consistir en campañas de concienciación a lo “black lives matter”, sino medidas efectivas contra la economía esclavista: legislación, inspecciones de trabajo, denuncias y sanciones. Lo demás son palabras.
Araceli González