Un pequeño paso que debería ser necesariamente seguido por otros, tanto a nivel supranacional como imitado por otros estados y, por supuesto, dotado de los recursos suficientes para tener los instrumentos necesarios que permitan que las violaciones no queden impunes, como bien dice el artículo que adjuntamos, desde la extracción de materias primas a toda la cadena de suministro.
Empresas contra la explotación de los trabajadores
- Las compañías alemanas de más de 3.000 empleados deberán vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de sus proveedores extranjeros
La explotación y el trato inhumano a obreros en fábricas y talleres de muchos lugares del mundo persisten también gracias a la cadena de suministros hacia los países más industrializados. Alemania planea introducir multas para empresas de determinado tamaño que compren piezas o material a proveedores extranjeros que no respeten los derechos humanos de sus trabajadores.
Esas empresas germanas estarán obligadas a un deber de vigilancia respecto de sus proveedores, según un proyecto de ley del Gobierno alemán pendiente de trámite parlamentario, pero cuya aprobación se da por sentada antes del fin de la legislatura en septiembre tras alcanzarse el acuerdo en el seno de la coalición gubernamental de conservadores y socialdemócratas.
La CDU de Merkel temía el impacto en la economía, y ha diluido el texto inicial
“Esta es la ley más firme hasta ahora en Europa contra la explotación laboral; es el fin de las empresas que sopesan los derechos humanos contra sus intereses económicos”, proclamó el ministro de Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, junto a los ministros de Economía (Peter Altmaier, democristiano) y Desarrollo (Gerd Müller, socialcristiano), recientemente en Berlín.
Pero el texto ha supuesto larga brega negociadora, y la versión final es más diluida que el borrador inicial, pues los democristianos de la canciller Angela Merkel veían con temor sus repercusiones en el tejido empresarial. Grupos empresariales alemanes sostienen que la futura ley podría perjudicar la competitividad de las empresas de la primera economía de Europa. Solo el fabricante de automóviles Volkswagen se surte en más de 40.000 proveedores en todo el mundo.
Está prevista una entrada en vigor paulatina: a partir del 1 de enero del 2023, tocará a empresas con más de 3.000 empleados; y desde principios del 2024, a las que tienen más de mil empleados. Estos requisitos son inferiores a los que contenía la primera versión del proyecto de ley, que incluía a empresas de 500 trabajadores. El Ministerio de Economía había argumentado que el impacto sobre las empresas de menos de mil trabajadores sería desproporcionado. En Francia existe una ley, adoptada en el 2017, que sitúa la obligación de vigilancia en empresas con más de 5.000 empleados.
“Es un paso importante, y que se había retrasado mucho, en la dirección correcta; el made in Germany no puede representar en las cadenas de suministro de las empresas alemanas el trabajo infantil o fábricas derrumbadas”, dice Johanna Kusch, coordinadora de Initiative Lieferkettengesetz (Iniciativa Ley de Cadena de Suministros), plataforma de 124 oenegés pro derechos humanos, desarrollo y medio ambiente, con sindicatos e iglesias, que lleva años presionando para que Berlín legisle sobre la cuestión. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo 152 millones de niños se ven obligados a trabajar y 25 millones de personas son sometidas a trabajos forzados.
Sin embargo, prosigue Johanna Kusch, “está claro que una ley más eficaz habría sido posible”, porque la norma, cuando esté vigente, se aplicará solo a empresas a partir de 1.000 trabajadores, y porque “debido a la falta de responsabilidad civil, a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos se les niega una mejor protección legal ante los tribunales alemanes”. Esta plataforma de entidades lamenta también, según Kusch, que el texto “solo tiene en cuenta de modo marginal la obligación de cumplir con las normas medioambientales; ahí hay una urgente necesidad de mejora”.
Las firmas de más de mil empleados tendrán la misma obligación a partir del año 2024
Una autoridad en el Ministerio de Economía podrá hacer controles a las empresas e imponer multas, e incluso excluirlas e contratos públicos por un máximo de 3 años, en caso de incumplimiento del deber de vigilancia. Las multas podrían rondar hasta el 10% de la facturación. A las oenegés y los sindicatos les queda la opción de emprender acciones en los tribunales alemanes en nombre de personas maltratadas a lo largo de la cadena de suministro.
La futura ley impone a las empresas el deber de vigilancia en sus propios centros de producción y en los de sus proveedores directos. Los proveedores indirectos hasta la extracción de materias primas solo se controlarán caso por caso. Ejemplo: si a la empresa alemana llegan quejas de obreros de una mina.
María-Paz López
Fuente: La Vanguardia