Publicamos el comunicado de la Unión Progresista de Fiscales ante la medida de cerrar los prostíbulos a causa de la pandemia de Covid-19. Siempre es positivo que las organizaciones y la sociedad en general muestren su rechazo ante cualquier injusticia y exijan al Gobierno que tome medidas para combatirlas. Destacamos especialmente la referencia a la prostitución de menores que deja aún más al descubierto que este crimen sigue produciéndose entre nosotros, seguimos prostituyendo niñas, incluso aunque esté penado por ley, demostrándose así la falta de voluntad política para erradicar este drama: no hay que esperar a un estado de alarma sanitaria para ponerse manos a la obra.
Con motivo de la pandemia y de la expansión del virus algunas Comunidades Autónomas han acordado el cierre de los prostíbulos, medida que sin lugar a duda aplaudimos e interesamos se haga extensiva a todo el territorio nacional; no obstante, no se puede desconocer que con el cierre de los prostíbulos crece exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres por lo que, sin perjuicio de la necesidad de la concreta actuación legislativa a la que haremos referencia a continuación, entendemos que el cierre de los prostíbulos debe venir acompañado de aquellas otras medidas de seguridad y de carácter asistencial que sean precisas para proteger a las mujeres y niñas prostituidas ante esta situación.
Al margen de la excepcionalidad que supone la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, la UPF exige al Gobierno en general y al Ministerio de Igualdad en particular, que se pongan en marcha inmediatamente los trámites legislativos para promulgar una ley integral contra la Trata y la explotación sexual y las normas que resulten precisas para abolir la prostitución.
No podemos olvidar que la mayoría de las personas que se encuentran en situación de prostitución son mujeres y niñas (la prostitución masculina es residual) que viven en contextos de pobreza; en muchas ocasiones son migrantes o de diversas razas o nacionalidades por lo que sufren múltiples discriminaciones.
La prostitución, que es una práctica vinculada con la trata y con la pobreza, determina que las mujeres, lejos de ser consideradas como sujetos con derechos, sean representadas socioculturalmente como un objeto a disposición de otros para satisfacer sus deseos. Es una forma de esclavitud que tiene su origen en las desigualdades sociales y ha de ser entendida como una manifestación más de “violencia sexual”.
La ausencia de regulación se erige en aceptación y contribuye a la normalización del acceso de los hombres al cuerpo de la mujer a cambio de dinero u otra prestación. Su prohibición, además de los efectos positivos comprobados en aquellos países en los que así se ha regulado, producirá un efecto socio-pedagógico importantísimo contribuyendo al cambio de mentalidad de la sociedad en su conjunto y al rechazo definitivo de uno de los atentados más graves a la igual dignidad de las mujeres.
Madrid a 22 de agosto de 2020.
El secretariado Permanente (Unión Progresista de Fiscales)