Al acabar el año 2019, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó que “ha sido un año magnífico para la Seguridad Social y se ha salido del pozo en que se cayó con la crisis económica de 2008”.
Pero los datos de 2019 esconden una deriva peligrosa en la situación de los trabajadores. A pesar de acabar con un punto porcentual de rebaja de paro, empieza el año 2020 con 3.327.400 personas sin trabajo. También es cierto que ha habido un promedio de un 2,1% de contratos más que el año pasado, concretamente 1.896.600 contratos mensuales, pero de ese volumen, 1.714.300 eran contratos temporales y 182.400 indefinidos. Es decir, los temporales han experimentado un incremento del 2,7 % en relación con el ejercicio anterior, mientras que los indefinidos se han reducido en un 3,1 %.
El análisis de la situación deja otros datos preocupantes: avanza el peso de los contratos a tiempo parcial frente a los de tiempo completo; la duración media de los contratos ha alcanzado en 2019 un récord de media: 50 días; por último, también sube el índice de rotación laboral: se firmaron 122 contratos por cada cien trabajadores. Los efectos de la crisis y las sucesivas reformas laborales han logrado lo que parecía imposible: mayor contratación pero también una mayor rotación laboral y aumento de la precariedad. De hecho, el año pasado acabó con 22,51 millones de contratos firmados pero los de siete días o menos de duración ya suponen el 27%. Superamos el número de contratos que antes de la recesión iniciada en 2008, pero la rotación y la inestabilidad que ello provoca echa por tierra cualquier triunfalismo.
Los datos de este año que dejamos nos llevan también a una reflexión sobre la situación de la juventud: hemos llegado a niveles históricos en retraso de la maternidad y de emancipación. En España solo logran emanciparse el 19% de los jóvenes menores de 30 años. Si a los bajos salarios le añadimos la subida de los precios de los alquileres, con un coste medio de 862 euros al mes, resulta que el alquiler supone un 105,25% de los salarios en los trabajadores de 19 a 29 años y un 67,3% en el caso de los que tienen entre 30 y 34 años. El 30% de un sueldo es considerado como «umbral de sobreendeudamiento” por lo que estamos ante una situación absolutamente inadmisible.
Esta es una de las causas de la disminución y el retraso de la maternidad. Ahora la edad media para ser madre se sitúa en los 31 años, frente a los 29,30 años de 2008 (cuando comenzó la crisis económica) y a los 25,66 años en 1984, es decir que en 34 años, ha aumentado casi en seis años. Las españolas tienen de media 1,25 hijos, lejos de los 2,1 que tendrían que tener para que la pirámide poblacional fuera estable y no estuviera invertida como lo está desde hace cuatro décadas.
La conclusión es clara: la mejora de las cifras económicas esconde un empeoramiento de las condiciones de vida. De qué sirve tener un empleo si es de menos horas de las que se quieren trabajar o se encadenan contratos temporales, que no dan estabilidad. Tener trabajo tampoco es garantía de una mínima solvencia económica pues el 22,1% de la población joven ocupada está en riesgo de pobreza y exclusión. De qué vale estudiar si los altos índices que existen de ocupación corresponden a trabajos que exigen una formación curricular inferior.
Esta situación nos aboca a un nuevo planteamiento de las reformas y el gobierno que necesita este país, cuyo fin no puede ser otro que el de conseguir un trabajo digno para todos. Destacamos la legión de trabajadores cuyas condiciones no aparecen en las estadísticas, como los falsos autónomos y nuevas prestaciones laborales en plataformas digitales sobre las que apenas se llama la atención. Va a empezar un nuevo gobierno y desde sus prolegómenos ya vemos cómo se aborda, de una forma demasiado tímida, la resolución de todos estos problemas, cuando se podrían tomar medidas concretas como obligar a las empresas a justificar con una causalidad clara la contratación temporal, y penalizar el encadenamiento fraudulento de contratos temporales mediante instrumentos fiscales y cuotas a la Seguridad Social. Por otra parte, es necesario equiparar el estatus de los trabajadores de la empresa principal y de la contratista, para evitar abusos y agravios comparativos. Otra línea de actuación es la de repartir mejor el trabajo, como por ejemplo limitando las horas extra, y también establecer por ley un salario mínimo que garantice el derecho a la vivienda.
Estas medidas son un ejemplo de otras más que podrían llevarse a cabo en el marco de una política laboral concebida desde la solidaridad, con espíritu combativo, que busca la cohesión de la sociedad, que aporta visión de futuro y amplitud de miras, todo ello imprescindible para revertir esta realidad. En definitiva, un socialismo de “arrimar el hombro”. Si no lo evitamos, las interferencias de los insolidarios volverán a postergar las verdaderas necesidades de la sociedad.