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Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y diputada, debe dimitir de sus cargos por criticar que las víctimas de la crisis hablen en las redes sociales, tras expresarse en los siguientes términos:
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`Tanto Twitter y tanta opinión, oiga, que aquí lo que más llamativo es para esta alcaldesa es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento, social, para comer y resulta que tienen una cuenta en el Twitter. Que sepa yo eso cuesta dinero, ¿no?´. Luego aclaró que se refería a que conectarse a Internet cuesta dinero. Un cargo público, un político electo, un representante del pueblo, debe respetar a las víctimas del crimen económico que todos conocemos como `crisis´, y en el que los grandes partidos políticos han tenido mucha responsabilidad. Teófila Martínez es miembro de uno de esos partidos, el PP, y por tanto tiene su parte de responsabilidad, y debería comportarse con humildad y contrición, en vez de atacar a los que reclaman su derecho básico a la comida. Las víctimas de la crisis no deben responder ante ningún cargo público de si se conectan a Internet o no, o de si gastan el poco dinero que tienen en alimentos u otras cosas. Tampoco deben callar, ni tienen por qué opinar de forma agradable para la casta política o el gobernante de turno, ya sea a nivel nacional o regional. Si la democracia es el gobierno del pueblo, cualquier representante político debe respetar a todos y cada uno de los miembros que forman dicho pueblo, especialmente a aquellos que, por causa de crímenes económicos y políticos (ya sean legales o ilegales), se ven condenados al paro o a situaciones de precariedad. A estos, a los últimos, a los que se encuentran en el escalafón más bajo de la pirámide social, el representante político no sólo debe respetarlos, sino que debe velar y trabajar por ellos de forma preferencial. Otra actitud no sería verdaderamente democrática. Ningún cargo público puede permitirse el lujo de dormir con la conciencia tranquila cuando el paro no hace más que subir, o cuando las condiciones laborales se ven degradadas, o cuando las pensiones y la Seguridad Social se ven recortadas permanentemente e incluso amenazadas de extinción. En tales circunstancias, lo último que puede hacer un alcalde, o cualquier otro representante, es criticar a las víctimas de la situación social generada. Tal acto, proveniente de alguien que, además de tener una responsabilidad social y política, goza de una situación económica privilegiada, supone un alto grado de corrupción moral. Y la corrupción moral es la primera forma de corrupción, además del elemento fundamental que impide que las formas aparentemente democráticas de un país se conviertan en democracia real. Dicho resumidamente: La alcaldesa de Cádiz hizo unas declaraciones públicas que atentan contra la democracia y que reprenden a las víctimas de la crisis; hecho que no puede consentirse en un representante electo. Se puede fallar en la estrategia o en la actuación política. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero ningún político electo puede expresarse públicamente en términos abiertamente antidemocráticos y permanecer en el cargo. Por eso el partido político SAIn, junto a todas aquellas organizaciones y particulares que se quieran adherir a este documento, exige la inmediata dimisión de doña Teófila Martínez. |
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