Estas semanas hemos vivido en nuestro país una auténtica catarata de noticias y decisiones sobre la banca y las hipotecas. Tras una inicial sentencia disidente con la doctrina tradicional sobre a quien le incumbe el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, se desencadenó la tormenta.
La magnitud de la decisión judicial y las consecuencias económicas para la banca provocó una decisión inédita: que el presidente de la Sala del Contencioso convocara una sala general para revocar la decisión. Los tentáculos del poder del poder económico nunca habían llegado tan alto. Cuantas veces hemos visto cambiar al Tribunal Supremo su doctrina sin que pasara nada. Pero esta vez se tocó a la banca y había que darle vuelta a unos magistrados, aunque fueran los más especializados de la sección dedicada a tributos del alto tribunal.
El posterior decreto del gobierno nos sigue generando, sin embargo, una serie de dudas. ¿Se ha adelantado el gobierno a la futura decisión de un tribunal europeo volviendo a enmendar al sistema bancario?; ¿qué va a hacer el gobierno contra la fragilidad institucional que vivimos cuando la banca tiene acceso directo a la cúpula del poder judicial?; ¿qué pasa con la retroactividad y con los miles de familias estafadas?, ¿para cuando una revisión a fondo del porqué del alto e inmoral precio de los pisos, el papel de la administración pública, los bancos y las grandes constructoras en un bien tan básico como es el de la vivienda?.
La sociedad no quiere parches de propaganda de clara intención electoral. Si la banca tiene mecanismos para repercutir el coste del impuesto en el usuario, éste seguirá indefenso ante la tenaza que forman los bancos, constructores y administraciones públicas.
La jugada del gobierno ha sido una pose que solo beneficia a la banca. Grupos de personas como desempleados, discapacitados, familias numerosas que antes tenían exención de ese impuesto ahora se verán obligados a pagar en la cantidad que las entidades le repercutan. Un gobierno que ha decretado a favor de la banca y contra los ciudadanos. Necesitamos un gobierno que legisle e informe de verdad y no una máquina electoral que solo atiende a las necesidades de su próxima campaña.
Partido SAIn