En España la confianza en el sistema judicial según la última encuesta de Eurostat es del 3,1. La cuarta más baja, sólo por detrás de Eslovenia, Portugal y Bulgaria. Estamos seguros de a esa escasa confianza ayudan engendros como la llamada “doctrina Botín” que ha vuelto a utilizarse por los tribunales en el caso del Tarajal. En aplicación de dicha doctrina se ha sobreseído y archivado provisionalmente la causa por tercera vez, es decir, no se ha llegado a juzgar si hubo una actuación delictiva en la muerte en el mar de los al menos quince inmigrantes que intentaron entrar en Ceuta nadando, sino que se ha parado en la fase de investigación.
Sin entrar en muchos tecnicismos, la “doctrina Botín” consiste en interpretar por los tribunales que aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la personación de acusaciones populares que ejerzan la acusación sin tener una vinculación directa con los hechos, sino meramente en defensa de la legalidad (reconocido como un derecho constitucional en el art. 125), no se le da legitimación sino existe al menos o acusación pública (ministerio fiscal) o acusación particular (víctima). La doctrina Botín la estableció el Supremo el 17 de diciembre de 2007 cuando exoneró al banquero Emilio Botín de ser juzgado en un caso de cesiones de créditos. El malestar que esto generó fue que el Ministerio Fiscal no fue independiente, y que las víctimas de las cesiones de crédito fueron indemnizadas privadamente, con lo que la sensación de que la Justicia no es igual para todos creció y confirmó aquella cita clásica de que es una telaraña que sólo atrapa a los pequeños insectos pero no a los animales grandes.
En el caso del Tarajal además, se da la oscura circunstancia de que no se ha permitido la personación en el proceso como acusación particular a familiares de las víctimas, lo que hubiera impedido ese sobreseimiento y archivo provisional por la citada doctrina. En unos casos porque no se ha procedido a identificar los cadáveres, con lo que sus familiares no saben si están entre las víctimas. Y en los casos en que sí hay identificación, se han puesto trabas burocráticas como argumentar que no han presentado certificados originales de nacimiento, a pesar de que las defensas afirman haberlos ya presentado. En definitiva, de nuevo una percepción más que justificada de que no se quiere investigar y llegar a celebrar un juicio del que podría resultar una sentencia condenatoria o absolutoria, pero una vez se entrara en el fondo del asunto. De momento, los únicos que llegaron al fondo fueron los inmigrantes que no recibieron el auxilio necesario y murieron ahogados.