La gestión por parte del gobierno español de la alerta sanitaria para controlar la pandemia del virus COVID19 merece una valoración y una respuesta crítica. La necesidad de frenar la curva de contagio de la epidemia se ha convertido en una coartada para justificar las medidas políticas sin precedentes que se nos han impuesto.
A falta de un análisis de los datos riguroso que permita evaluar si la estrategia política que ha seguido el gobierno ha sido acertada salta a la vista que quienes más están sufriendo en esta crisis son nuevamente los pobres y los más débiles.
En primer lugar, parece evidente que las muertes de ancianos en las residencias suponen más de la mitad de la cifra total de fallecimientos. En algunas comunidades autónomas esta cifra se podría acercar al 70%, otras se han negado a reportar este dato al ministerio de sanidad tratando de maquillar así las cifras reales. El mismo hecho de que no se les hayan hecho pruebas para confirmar la infección por coronavirus infraestima el número real de personas que han podido morir por esta causa en centros geriátricos. Muchas de estas residencias forman parte de grupos multinacionales en manos de fondos de inversión y se gestionan siguiendo criterios de lucro o ahorro a costa de los trabajadores y los ancianos. Esta crisis está desvelando que el mundo de los trabajadores del sector público y privado de los cuidados está profundamente marcado por la explotación y la precariedad.
Los protocolos de actuación redactados por los gestores sanitarios en esta crisis han negado el acceso a los hospitales de los enfermos residentes en centros sociosanitarios en muchas provincias. Además, las condiciones de aislamiento impuestas especialmente a los enfermos ha hecho que muchos sufran la soledad más absoluta en sus últimos días, tanto en sus domicilios como en residencias y hospitales. Los familiares no han podido acompañar a sus enfermos en los momentos más duros de su vida recibiendo escasa información sobre su estado. A muchos enfermos se les ha negado incluso la asistencia espiritual en esos últimos momentos invocando la necesidad del aislamiento estricto. Nos preguntamos si esta es la muerte digna a la que se refiere nuestro gobierno en su proyecto de ley sobre la eutanasia.
Otro colectivo social que está sufriendo especialmente esta cuarentena de cuya severidad se jacta nuestro gobierno, aún sin pruebas de su efectividad real, es el de los niños. Las familias con niños, especialmente aquellas que viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad, las más empobrecidas, están sufriendo especialmente en este estado de alarma. Los perros están disfrutando de un régimen más abierto que los niños a quienes alguien ha considerado especialmente contagiosos.
En esta pandemia, una vez más, los pobres están enfermando y muriendo más que los ricos. Su salud está marcada por problemas como el asma, la diabetes, la hipertensión, la obesidad derivados de su mayor exposición a la contaminación, la mala alimentación o la insalubridad en sus viviendas. Además, son quienes pagarán las peores consecuencias de la crisis económica marcada por el crecimiento del paro, la precariedad y la brecha de la desigualdad.
En este escenario es el momento de la sociedad frente al estado. Es el momento de tejer redes de solidaridad para el apoyo mutuo. Es el momento de alzar la voz exigiendo información clara y veraz sobre lo que estamos viviendo y medidas políticas en la línea de la promoción de los pobres y del respeto a la dignidad de todos empezando por los más débiles.
Pablo Muñoz, médico