El coste de la electricidad en España para el consumidor es de los más caros de la UE, y subiendo, como hemos comprobado en los últimos recibos. Además del servicio, hay que pagar costes por moratorias, peajes, déficits de tarifa y otras compensaciones a las grandes compañías eléctricas, que actúan como oligopolio y con conocidas puertas giratorias (ver el artículo “Un caballo desbocado”). Todo ello lleva a situaciones en las que algunas personas y familias no pueden pagar por un suministro mínimo necesario en sus viviendas. Es decir, de pobreza energética.
El bono social de la electricidad es sólo un parche a este problema, pues no actúa sobre las verdaderas causas. Este descuento en el coste del consumo de la luz, se aplica a aquellos consumidores que se considera están en situación de vulnerabilidad como parados, pensionistas o familias numerosas. En 2017 el número de perceptores de este bono social era de alrededor de 2.400.000.
A finales de 2017 se aprobó por el Congreso un nuevo cambio en la Ley (que como las anteriores no resuelven los problemas -ver también “Reforma del sector eléctrico”), identificando como beneficiarios a tres colectivos: pensionistas con la pensión mínima de la Seguridad Social, unidades familiares con renta igual o inferior a una serie de límites (en función de cargas familiares) y familias numerosas, que podrían acogerse al nuevo bono social para beneficiarse de un descuento de un 25 ó 40% en el término de consumo.
Este cambio en la ley, que se endurece respecto a las condiciones anteriores, obliga a los posibles beneficiarios a volver a solicitar el bono social del que se beneficiaban y justificar documentalmente que cumplen los nuevos requisitos, aunque su situación no haya variado. El plazo para la solicitud terminaba el 8 de abril, pero se vieron obligados a prorrogar hasta el próximo 8 de octubre, a la vista de un escasísimo número de solicitudes presentadas.
La estrategia de comunicación a los consumidores se vio a todas luces que fue insuficiente, pero no ha debido variar demasiado cuando a 20 días escasos para el fin del segundo plazo, sólo hay unos 700.000 hogares acogidos al nuevo bono, una tercera parte de los antiguos beneficiarios.
Para muchos de estos hogares, que sufren situaciones de grave vulnerabilidad, la pérdida de este descuento puede suponer un agravamiento de su situación. Un incremento de la pobreza energética. Y no es difícil pensar que muchas de estas personas tienen serias dificultades para entender la factura de la luz, para leer o escribir, para cumplimentar o recopilar la información que se les pide, que no tienen acceso a los medios de comunicación o a internet, etc… Además se les pide que presenten esta solicitud cada dos años.
Está muy claro que hay familias y colectivos que pueden perder mucho con este cambio. Y que hay otros, muy poquitos, que pueden ganar mucho con este estado de las cosas.
Por eso, desde el partido SAIn exigimos que se emprendan con carácter de urgencia medidas que impidan que esta situación lleve a un incremento de la pobreza energética y el sufrimiento que ello supone:
Abrir un nuevo período de prórroga sine die, en el que se abra una campaña realmente informativa, personalizada y adecuada, teniendo en cuenta la situación de los colectivos objetivo.
Mantenimiento de la condición de beneficiario cuando se presuma que se mantienen los requisitos para ello.
Implicación de las distintas administraciones en la campaña, a través de sus medios de comunicación, oficinas, centros de salud, CEAS, centros cívicos, servicios de dependencia, servicios de ayuda a la tramitación (pagados por las compañías), etc….
Apoyo de difusión y colaboración a todo tipo de colectivos, como sindicatos, AAVV, ONGs o MCS, entre otros.