La primera preocupación de muchas familias ahora es cómo poder pagar su casa: 1 de cada 10 hogares tiene extrema dificultad para afrontar los costes de la vivienda.
Antes de la crisis del coronavirus se nos avisaba de que la vivienda se ha convertido en motor de la desigualdad y factor clave en las dinámicas de exclusión social. Una vivienda digna hoy en un derecho inaccesible para muchas familias. Los altos precios de alquiler y de compra de vivienda agrandan la brecha entre los hogares que accedieron a la propiedad y quienes nunca lo han hecho, afectando sobremanera a los jóvenes y trabajadores precarios.
Mientras la vivienda está siendo objeto de especulación permanente, los salarios no suben al ritmo que el precio de la vivienda o del alquiler. Es una combinación perversa de precios altos en el alquiler y la compra de vivienda, y unos ingresos bajos por el empleo precario cada vez más extendido. Si a esto se une el escaso desarrollo de la política de vivienda en materia de alquiler o de promoción de vivienda social, el drama está servido.
El esfuerzo económico familiar medio para la compra de vivienda en 2019 llegó al 30,6% de los ingresos familiares, mientras que para el alquiler está suponiendo el 33,6% del salario familiar. En ciudades como Madrid o Barcelona se llega al 38%. Y en las familias con menos recursos llega al 65%. Los jóvenes con escasos ahorros se ven imposibilitados a acceder a hipotecas, lo que aboca al alquiler como única solución. Esa mayor demanda está provocando la subida progresiva de los alquileres.
Durante estos días de confinamiento obligatorio hemos visto que la dureza de la situación afecta a los más empobrecidos de la sociedad con las consecuencias, que para la salud, tienen las malas condiciones de espacio, humedad, iluminación…. No es lo mismo vivir el confinamiento en viviendas con una superficie mínima por persona, en las que se pueda atender a un enfermo de forma aislada; soleadas, con ventilación e iluminación suficientes, abierta a la calle y con posibilidad de espacios para que cada persona desarrolle sus actividades laborales o educativas. En España un 7,9 % de los hogares españoles son interiores. El 7% de los pisos en las grandes ciudades tiene una superficie entre 30 y 45 metros cuadrados.
La vivienda, bien básico para el desarrollo de la persona, no se construye para que la gente pueda vivir, se construye para vender al mayor precio posible y para alquilar sacando el máximo beneficio. Desde el Partido SAIn queremos seguir renovando la lucha por la vivienda digna para todos. Se hacen necesarias políticas comprometidas para facilitar el acceso a toda persona a una vivienda, así como una legislación que impida la especulación inmobiliaria por ser un bien básico para la vida y que contribuya a asegurar el derecho al trabajo y al salario suficiente. Es fundamental retomar un parque público de viviendas, expresión del compromiso de la sociedad con el respeto al derecho de toda persona a una vivienda digna.
Rafael Astorga