Plataformas de recados: explotación a los repartidores y fractura social

La fascinación por la tecnología digital está maquillando formas nunca vistas de explotación de los trabajadores y de fractura social. Detrás de atractivas palabras como flexibilidad o innovación, plataformas digitales como GLOVO, DELIVEROO, UBER, etc. están esquivando las ya precarias garantías laborales españolas, mediante la combinación explosiva de evitar los contratos laborales, monopolizar el escaparate de internet y aprovecharse de la necesidad de los más frágiles. El funcionamiento de estas nuevas multinacionales es tan sencillo, en apariencia, que simboliza la panacea de una economía dirigida por el beneficio económico: una marca muy conocida, una tecnología válida para cualquier país… y ¡cero repartidores en plantilla!

Con un mínimo de personal en tareas de marketing, programación o finanzas, estas nuevas marcas se limitan a casar la demanda de “recados” con la oferta de repartidores (riders), que trabajan “por su cuenta” y solo cobran por cada entrega que realizan. La empresa no paga salarios, seguridad social, ni medios de trabajo y tampoco el tiempo de espera o un mínimo mensual. Nada.

Jóvenes e inmigrantes son la mayor parte de las víctimas.

Esto es posible, porque su relación con los repartidores se rige por un contrato mercantil, como si estuviera contratando un servicio de mudanza. Este funcionamiento supone un gran fraude social y legal, ya que el trabajo de reparto es el corazón del negocio y los repartidores, su pieza clave, los que generan los ingresos y acatan las condiciones fijadas por la empresa. Sin embargo, todo el coste del reparto se saca fuera de la empresa, que solo paga cuando hay una venta. Todo lo asume el trabajador. Un chollo que solo es posible en una sociedad de grandes desigualdades, con una legión de jóvenes en paro o de inmigrantes empobrecidos obligados a aceptar lo que sea. Este chollo para las multinacionales fractura más la sociedad, porque aumenta la precarización, crea falsas necesidades caprichosas, con lujos baratos que acaban empobreciendo a la sociedad y reduce cotizaciones a la Seguridad Social.

Estas iniciativas empresariales difícilmente subsistirían si tuvieran que asumir las mismas cargas sociales que sus competidores no digitales.

El SAIn propone medidas para acabar con los falsos autónomos y la extensión, de oficio, de las condiciones laborales a todo el trabajo de los repartidores, independientemente de que se realice con un contrato mercantil.