La corrupción política se encuentra generalizada en las administraciones e instituciones públicas, siendo las Comunidades Autónomas (CCAA) uno de los ámbitos donde se manifiesta más claramente esta realidad. Así lo demuestran los innumerables casos de corrupción, aireados por los medios de comunicación (caso “ERES” en Andalucía, caso “Gurtel” en Valencia, caso “Palau de la Música” en Cataluña, y tantos otros).
Los grandes partidos políticos que detentan el poder en las CCAA (PP. PSOE. IU, CIU…), las han convertido en verdaderos feudos o cortijos, donde ejercen descaradamente y sin control alguno, el clientelismo. El enchufismo, el pago de la financiación ilegal, la desviación de fondos, las contrataciones irregulares, etc. Tras estudiar en el último informe de 2012 sobre control de CC.AA. 2.500 expedientes de contratación por importe del 10.000 millones de euros, el Tribunal de Cuentas ha destapado el alto grado de corrupción existente en las mismas.
Resulta, además, muy lamentable que dicho informe llegara por conducto oficial al Congreso de los Diputados hace seis meses, y que aún no haya sido debatido por sus señorías, sabiendo que el informe trata de las irregularidades correspondientes a los años 2006 y 2007, lo cual demuestra el nulo interés de los grandes partidos en dotar al órgano fiscalizador, de los medios humanos y materiales para evitar a tiempo estas corruptelas. De hecho, los posibles delitos cometidos ya estarían prescritos.
A esto se le llama impunidad, a esto se le llama corrupción política, pura y dura.