Han pasado ya más de cincuenta años desde el Concilio Vaticano II, pero, a tenor de los hechos acaecidos a raíz de los atentados sufridos en Barcelona el 17 de agosto, parece que no quedan claros los límites entre el ejercicio de la política institucional y la religión. En el marco de un país cuya constitución establece la aconfesionalidad del Estado, la actitud mostrada por el presidente de la Generalitat al concluir la misa por la paz y la concordia oficiada por el arzobispo Omella es inaceptable y propia de otros tiempos ya superados. El Sr. Puigdemont consideró que Omella había faltado el respeto a las instituciones catalanas por ningunearlas en su discurso y, además, por si fuera poco, había hecho un llamamiento a la unidad afirmando que esta “nos hace fuertes, mientras que la división nos corroe y nos destruye”, todo un anatema para el gobierno de la Generalitat.
[bctt tweet=»La Iglesia debe tener un posicionamiento frente a cuestiones que afectan a la persona y a la sociedad» username=»PartidoSAIn»]
Pero Puigdemont no está solo: Josep Torrens, portavoz de Església Plural, se hizo eco de ello y le dedicó una nota de prensa al arzobispo de Barcelona, quejándose de lo mismo y añadiendo, ¡ay!, que hizo la homilía en castellano y que no se solidarizaba con el sentir del pueblo catalán. Atrás quedaban sus opiniones favorables al Sr. Omella tras su nombramiento como arzobispo de la ciudad condal, puesto que le constaba que este era muy próximo al Papa Francisco. Y es que la Iglesia va muy bien para legitimar no pocas posturas políticas, pero cuando esta no cumple con las expectativas, o bien se la devuelve a su sitio, la “sacristía” de la que se supone que nunca debe salir; o se le exige un amén incondicional a cualquier propuesta política disfrazada de bien común.
[bctt tweet=»La unidad es superior al conflicto #SolidaridadPorPrincipio #NiBanderasNiFronteras» username=»PartidoSAIn»]
Pues bien, el arzobispo, en su discurso, no hizo otra cosa que constatar una realidad jurídica: los Mossos son fuerzas de seguridad de la Generalitat, y claro está, también del Estado, por lo que en su agradecimiento estaban todas las instituciones catalanas incluidas. Les guste o no les guste a Puigdemont y a Torrens, la unión siempre hará la fuerza. El Papa Francisco, tan del agrado de este último, lo dice así en su encíclica “Laudato Sii”: “Mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que «la unidad es superior al conflicto»” (LS, 198).
La Iglesia no puede hacer política institucional, no puede pedir el voto a formaciones concretas, pero sí tiene, y debe tener, un posicionamiento político frente a cuestiones que afectan a la persona y a la sociedad en su conjunto. Lo que no puede hacerse desde las instituciones públicas es instrumentalizar a la Iglesia, y además, faltando al respeto y desautorizando no solo al arzobispo, sino a la Iglesia misma en cuestiones de doctrina social, en la que el derecho de autodeterminación está meridianamente claro, a pesar de los nacionalistas.
La etimología de la palabra “diablo” tiene que ver con la idea de división, de separación. Y el imperialismo neocapitalista, como decía un viejo amigo mío, no es vegetariano: cuantas más fronteras, más debilidad.
Araceli González