El pasado 22 de enero se localizaron, en Camargo (Tamaulipas, México) dos camionetas con 19 personas calcinadas en su interior. Todos los indicios apuntan a que se trata de inmigrantes centroamericanos, concretamente de Guatemala. Esta es la quinta vez que suceden hechos similares en esta zona fronteriza de México (72 migrantes en agosto de 2010, fosas clandestinas en San Fernando en 2011, la masacre de Cadereyta en 2012 y la masacre de Guemez en 2014). Sin embargo, las autoridades de este país así como su Guardia Nacional no están llevando a cabo las medidas necesarias para investigar los hechos. En 2019 el gobierno mexicano prometía humanizar las migraciones y luchar contra los crímenes cometidos contra las personas que cruzan el país en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, pero la situación no ha cambiado, sino que ha empeorado con más persecución a los inmigrantes y militarización de las fronteras.
Urgente garantizar la correcta identificación de las víctimas, asistir a sus familiares, esclarecer los hechos e identificar a cada uno de los responsables, incluyendo, de ser el caso, a servidores públicos involucrados.
ONG ‘s presentan denuncia y solicitan medidas cautelares ante los hechos ocurridos en Camargo, Tamaulipas el pasado 22 de enero.
Este 26 de enero, diversas organizaciones presentaron una denuncia para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tamaulipas. Asimismo solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México.
A partir de que se dieron a conocer los hechos, autoridades de Guatemala, medios de comunicación mexicanos y guatemaltecos y redes sociales informaron que las víctimas probablemente serían oriundas de Comitancillo, San Marcos, Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó estar en coordinación con las autoridades mexicanas para la identificación forense de las víctimas de esta masacre, la quinta ocurrida en territorio mexicano en un período de 10 años.
Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza. Asimismo, se pone en evidencia la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio.
Estos hechos lastiman profundamente no solo a las víctimas directas y sus familias sino a la sociedad en su conjunto, tanto en México como en los países de origen de las víctimas, contribuyendo al deterioro del tejido social de la región. La tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.
La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guemez de 2014.
El gobierno de México ha insistido, en todas sus comunicaciones, en una migración ordenada, segura y regular, es claro que la política implementada no garantiza nada de eso. Este hecho ha demostrado que la migración no es ni segura ni ordenada, pero si tenemos la oportunidad de hacerla regular. La legislación mexicana en materia migratoria y de protección internacional permite otorgar a las personas estancia por razones humanitarias y solicitar asilo, sin embargo, bajo el discurso de una migración ordenada, segura y regular esto no ha sido efectivo y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante.
Militarizar las fronteras, no sólo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas. Como sociedad civil, hemos insistido en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración.
En enero de 2019, el Estado mexicano hablaba de una política migratoria de derechos humanos donde, al menos durante enero de 2019, parecía que pasaríamos de una política de contención y criminalización a una de derechos humanos. Sin embargo, las presiones externas dieron un giro. No sólo se mantuvo la política migratoria de persecución y criminalización, sino que se endureció y se militarizaron las fronteras. No obstante, frente a los hechos, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de cambiar el rumbo de nuestra política migratoria.
Por tal motivo, hacemos un llamado al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas , el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país.
A la fecha, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece la obligación de brindar apoyo a las familias a través del Mecanismo de apoyo Exterior (MAE), la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incumplido su obligación de emitir Lineamientos para que consulados y embajadas de México en los países atiendan directamente a los familiares de las víctimas. El hecho de que estas familias no cuenten con la operación integral del MAE es una violación a su derecho de acceso a la verdad y la justicia.
Si bien las investigaciones han sido adelantadas por la Fiscalía estatal, exigimos la intervención de la FGR, la cual debe garantizar investigaciones con una perspectiva de macrocriminalidad que atiendan los motivos de estos delitos así como el derecho de los familiares de las víctimas a participar y dar seguimiento al caso, a través de los mecanismos de justicia transnacional existentes, como lo es el Mecanismo de Apoyo Exterior. Estos hechos no pueden investigarse de manera aislada de las masacres y desapariciones de personas migrantes ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, así como de la desaparición de migrantes que fueron bajados de un autobús en febrero de 2019. Se ha solicitado a la FGR que aplique las herramientas de la Ley Orgánica y forme un equipo mixto (junto con Tamaulipas) y una Comisión Especial con personas expertas independientes que se avoque a la investigación de estos casos, bajo una mirada de contexto.
Con el fin de evitar la repetición de investigaciones gravemente deficientes e infructuosas, como ha ocurrido reiteradamente en ese tipo de casos, exigimos que las autoridades federales y locales tomen todas las medidas necesarias y de manera inmediata, para garantizar la correcta identificación de las víctimas, asistir a sus familiares, esclarecer los hechos e identificar a cada uno de los responsables, incluyendo, de ser el caso, a servidores públicos involucrados.
Asimismo, exigimos al Estado mexicano a través de la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores:
- Garantizar un proceso adecuado de preservación y procesamiento de cuerpos y evidencias, así como en su momento, de identificación, notificación y repatriación de cuerpos, de acuerdo a los más altos estándares.
- Prontitud, debida diligencia y exhaustividad en la investigación.
- Garantizar el derecho de los familiares de posibles víctimas del caso, a acceder a las investigaciones y participar en ellas, a proporcionar y recibir toda la información disponible para las identificaciones.
- Garantizar la coordinación interinstitucional y transnacional necesaria, utilizando en lo necesario el Mecanismo de Apoyo Exterior.
- Garantizar la protección y asistencia a los familiares de las víctimas y el ejercicio de los derechos contemplados en la Ley General de Víctimas, en igualdad de circunstancias.
- Garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sus familiares y la sociedad.
ATENTAMENTE
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C;
Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C (IMUMI);
Scalabrianas Misión con Migrantes y Refugiados;
Albergue Casa Nicolás;
Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.;
Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana;
Asociación de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG);
Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE);
Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Guanajuato;
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO);
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras