Dice la vicepresidenta del gobierno que «es un avance, es positivo» que los ciudadanos elijan directamente al alcalde, por lo que desea abrir un debate que se plantea «desde el punto de vista del respeto a la voluntad del vecino, del respeto a las mayorías» y de la necesidad de «fortalecimiento de la democracia». Y aquellos, como el PSOE, que lo llevaron en su programa electoral se llevan las manos a la cabeza acusándolo de antidemocrático.
Si la democracia necesita ser fortalecida eso quiere decir que se encuentra débil. En ese análisis se puede coincidir con la vicepresidenta del gobierno. La discrepancia viene cuando se plantea como “medicamento reconstituyente” de la democracia la elección directa de alcalde.
Si lo que se desea es el “respeto de la voluntad del vecino” como asegura la vicepresidenta, no cabe duda de que el más serio intento de eso en España ha sido el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. En los años ochenta el ayuntamiento impulsó la creación del Consejo Ciudadano. Este Consejo estaba compuesto por una representación de cada barrio, a razón de un miembro por cada 500 vecinos y junto a la corporación municipal abordaba temas municipales: presupuestos, tributos, planes de obras, etc. En total, 28 vecinos con capacidad decisoria frente a 21 concejales. El Ayuntamiento le otorgó, en su creación, competencias decisorias con el objetivo de que de las Asambleas de los Barrios emanaran directrices vinculantes para la corporación municipal.
La primera reunión del Consejo Ciudadano fue suspendida por la Audiencia Territorial de Las Palmas por entender que era inconstitucional. El asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional que confirmó la sentencia. En España no cabe la democracia directa.
Si realmente la vicepresidenta quiere “fortalecer la democracia” y “respetar la voluntad del vecino” aquí tiene una vía. Vía por cierto de la que el PSOE ha sido enemigo acérrimo.
Diego Velicia