La ley electoral que, todavía hoy, rige nuestro sistema democrático surgió en plena transición con el objetivo de favorecer la búsqueda de mayorías que garantizasen una estabilidad política que entonces se consideraba vital para el afianzamiento de nuestra joven democracia. Más de 35 años después, dicha ley electoral sigue creando una desigualdad del valor del voto y tergiversando la representación la representación de los ciudadanos.
Es imprescindible, para una democracia sana y propia del siglo XXI, tener un sistema electoral más justo, que permita al ciudadano ejercer su soberanía en términos de igualdad y pluralidad política, argumentos recogidos todos ellos en nuestra Constitución.
Por ello, los abajo firmantes, exigen una reforma íntegra del sistema electoral, que permita una representación parlamentaria más justa y más cercana al sentir de la ciudadanía, respetando así los principios constitucionales. Esta reforma se basaría en tres puntos clave:
1. Igualdad de información para ejercer el derecho a voto.
Los ciudadanos deben tener el derecho a la información de las propuestas que concurren a las elecciones, lo que implica la obligación del Estado de informar al respecto en igualdad de condiciones.
Esto se traduce en un reparto equitativo de espacios públicos de información, incluidas alternativas como el voto nulo, el voto en blanco o la abstención, en lugar del reparto sesgado y proporcional con el número de votos obtenidos que se ejerce actualmente).
2. Igualdad de las alternativas para alcanzar unas elecciones.
Las distintas opciones políticas, representantes del sentir ciudadano, deben partir con las mismas posibilidades de ser elegibles en unas elecciones, lo cual implica la eliminación de avales o su modificación en condiciones de igualdad para todas las opciones, tengan o no representación parlamentaria.
3. Igualdad del valor del voto a las alternativas que han logrado alcanzar unas elecciones.
Esto punto supondría:
- Eliminación del umbral mínimo.
- Reducción de circunscripciones o empleo de escaños compensatorios, lo que implicaría una reforma completa de la cámara territorial (Senado) en caso de modelo bicameral, sugiriendo su composición según la representación en las cámaras autonómicas.
- Representación del voto en blanco en las cámaras en forma de escaños vacíos.
Esto implicaría que el voto en blanco recibiría el mismo tratamiento que cualquier otra candidatura, para dar opción de representación en igualdad a aquellos ciudadanos que, no sintiéndose representados por ninguna de las opciones que concurren a unas elecciones, puedan estar presentes en los parlamentos en forma de un escaño vacío.