El Partido SAIn impulsa un manifiesto contra la exigencia de firmas para concurrir a las elecciones generales.

El Partido SAIn ha impulsado un manifiesto que denuncia la exigencia de recoger decenas de miles de firmas a los partidos o coaliciones que no hubieran obtenido representación en la anterior convocatoria de elecciones. El manifiesto, remitido a numerosas formaciones políticas, cuenta hasta el momento con el apoyo explícito de Escaños en Blanco. Las organizaciones políticas que deseen sumarse al manifiesto pueden hacerlo escribiendo a info@partidosain.es

Desde que se implantara dicha medida en la reforma de la Ley Electoral, son numerosos los recursos presentados por los partidos afectados, tanto ante la Junta Electoral como ante el Tribunal Constitucional, todos ellos rechazados. Y es que la medida, revestida como necesaria para mejor uso de los recursos públicos, parece más bien dirigida a dificultar la ya de por sí escasa asociación política en nuestro país.

Manifiesto contra la exigencia de firmas o avales para concurrir a las elecciones generales

Tras poco más de cuatro meses, la sociedad española se encuentra de nuevo ante la necesidad de acudir a las urnas. Entre los muchos trastornos e inconvenientes de esta situación, los partidos que firmamos este escrito queremos poner de manifiesto lo injusto de una Ley Electoral que, a nuestro juicio, perjudica el avance democrático en nuestro país. De modo especial, denunciamos el perjuicio que supone la norma que obliga a los partidos sin representación parlamentaria a recoger firmas o avales simplemente para poder presentarse. Concretamente, obliga a recoger el 0,1% del censo electoral, lo que supone más de 36.000 firmas para el conjunto de España. Dicha medida, introducida en 2011 mediante la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, supone un gran desgaste porque obliga a solicitar en plena calle numerosos datos personales (nombre, apellidos, DNI, fecha nacimiento y lugar de empadronamiento), a personas que a menudo tienen otras opciones políticas, y además a hacerlo en el cortísimo plazo de dos semanas. Entendemos que esta medida es injusta y desproporcionada como requisito para garantizar el adecuado funcionamiento electoral, y que supone una dura traba burocrática al avance democrático de nuestra sociedad. Por todo ello, solicitamos que este requisito no sea de aplicación a las nuevas elecciones del 26-J, que se anule o modifique esta norma y que, mientras tanto, se mantenga la legislación existente hasta la modificación realizada en 2011.

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