Ha pasado más de un año desde que se puso en marcha la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la Reforma Local.
En la democracia formal en la que nos encontramos, donde las decisiones son tomadas por una minoría con un escaso o nulo control democrático, esta Ley es una vuelta de tuerca más en la cimentación de un marco institucional burocrático que acrecienta la separación real entre el pueblo y el poder.