El espacio público es de todos, creyentes y no creyentes. Limitar este derecho es vulnerar, a su vez, el de reunión y manifestación. La autonomía entre lo religioso y lo político, propia de un estado aconfesional, se hace presente en la obligación de garantizar el orden público por parte de los organizadores y participantes.
El Estado debe velar por los derechos de todos, no sólo a favor de las convicciones de una parte de la población. Y sobre todo: la preocupación de la izquierda, la verdadera izquierda, no es acabar con la libertad religiosa, sino servir a los últimos.
El hambre, el paro o la esclavitud infantil, allá donde se den, deberían ser su prioridad.