El artículo 137 de la Constitución Española establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Así ha quedado recogido en la Ley de Bases de Régimen Local.
42.000 millones de euros, que es el total de los presupuestos municipales españoles divididos en 8.000 cajas. A estas cifras habría que añadir los 20.000 millones de euros que constituyen el presupuesto de diputaciones y gobiernos insulares de Baleares y Canarias.
Nuestros políticos utilizan la autonomía municipal como si la Constitución Española hablara de independencia, lo que ha convertido a los ayuntamientos en auténticas cajas negras de corrupción. Controlar el gasto de 42.000 millones de euros es, desde cualquier perspectiva lógica, completamente imposible.
En los municipios debemos potenciar elementos formativos y asociativos que promuevan la responsabilidad democrática de los ciudadanos a través de experiencias sociales, económicas y culturales que funcionen con criterios autogestionarios y solidarios. Y, sin duda, transparencia e información a los ciudadanos con sistemas de consulta ciudadana vinculantes a todos los niveles utilizando las nuevas tecnologías. Transparencia e información como herramientas, rendición de cuentas como objetivo.