No hay democracia sin la garantía del derecho a acceder a tribunales en defensa de los legítimos intereses que hayan sido lesionados. Todo Estado está obligado a garantizar la efectividad de este derecho instaurando un sistema que pueda examinar y resolver estas pretensiones en un tiempo razonable. La creciente complejidad del entramado burocrático y la desmesurada influencia de los grandes conglomerados económicos hacen del acceso a la justicia un derecho básico de los ciudadanos. La defensa de los ciudadanos ante la acción de los grandes exige, no solo de un ordenamiento legal justo, sino de la posibilidad de su defensa ante los tribunales.
En el diseño institucional que emerge de la crisis se ha dado un paso para limitar este derecho. Las tasas judiciales aprobadas por el gobierno, además de rozar lo confiscatorio, suponen en la práctica una negación del derecho a la justicia. Con ello, el Estado se asegura la impunidad de muchas prácticas ilegales pues no serán revisadas por los jueces.
Así, muchos millones de euros recaudados de forma ilegal no serán devueltos a los ciudadanos. Al igual que en el Antiguo Régimen, la actual administración se garantiza prerrogativas antidemocráticas. Ahora la víctima debe pagar porque le devuelvan lo que le han quitado.
En cambio, los grandes defraudadores han visto como Hacienda emitía una circular en la que se aseguraba que quien usara el sistema de blanqueo de dinero mediante la amnistía fiscal no tendría que pasar por una comprobación de sus declaraciones “ni siquiera de carácter informativo”.
Los ladrones y corruptos están de enhorabuena. Las tasas no están para evitar la saturación de los juzgados.
Los robos masivos generalizados, como ocurre en las facturas de los suministros básicos y de la telefonía, aumentarán. La banca se frota las manos: los intereses abusivos en las hipotecas, el fraude de las preferentes, etc., van a quedar todavía más impunes.
Si el Estado necesita recaudar más dinero, en vez de rascar aún más el bolsillo de los más pobres, que vigile las grandes fortunas y los sueldos de los banqueros. Las grandes fortunas evadieron al fisco la friolera de 42.711 millones de euros en 2010. Si en vez de disparar contra los pobres, la justicia cumpliera con su labor, la crisis si tendría solución.