La proliferación de obreros con bajos salarios amenaza la economía del valle del Guadalquivir
Trabajan de sol a sol hasta cargar 22.000 kilos de naranjas en un camión, duermen en almacenes por los que pagan 100 euros por persona al mes, son trasladados en autobuses a cualquier punto y cobran 25 euros por diez horas de labor al día cuando el convenio establece un mínimo de 42,83 euros cada jornada de seis horas y media. La proliferación de cuadrillas de estos trabajadores, compuestas por una veintena de personas cada una, ha roto la economía del valle del Guadalquivir, una zona que agrupa 30.000 hectáreas de cítricos y que se ha convertido en un polvorín social y laboral.
El alcalde de Palma del Río (Córdoba), el socialista José Antonio Ruiz, lleva esta semana a Bruselas esta situación después de 31 escritos de alerta a todas las Administraciones sin respuesta y ante la ineficacia de los sistemas de inspección, que no consiguen que los trabajadores afectados denuncien el fraude. La economía de la zona se hunde.
Antonio Moya es un jornalero cordobés con tres hijos. La última quincena de la temporada de cosecha consiguió trabajar cuatro días con salario de convenio y recibió 171 euros, unos ingresos con los que es imposible pagar la casa, el agua, la luz y la comida. “Se pasa mucha necesidad”, afirma indignado.
Las cifras de los campos de cítricos
Superficie. Los campos de cítricos andaluces ocupan 67.738 hectáreas de las que el 73% se concentra en los 25 municipios del valle del Guadalquivir, entre Córdoba y Sevilla.
Producción. Las cosechas medias anuales de cítricos en Andalucía superan el millón de toneladas. De este volumen, 136.000 toneladas van al mercado regional y 250.000 a la exportación, principalmente a Alemania y Holanda.
Jornales. Durante la recolección, los campos del valle del Guadalquivir generan una media de 10.000 jornales diarios. Por convenio, cada día se cobra a 42,83 euros. En Andalucía hay medio millón de trabajadores eventuales agrarios.
La causa de su situación es esa proliferación de plantillas de trabajadores foráneos que viven de forma itinerante de campo en campo y dispuestos a trabajar diez horas por 25 euros. “Los he visto faenar con la luz de los tractores”, añade su compañero de tajo Antonio Ruiz.
La patronal agraria Asaja no permite estas prácticas, que atribuye a empresarios “piratas”, pero la realidad es que el 60% de los propietarios no está asociado y vende las cosechas en el árbol y se desentiende del resto del proceso. A través de una empresa de trabajo temporal o en el mercado negro laboral, compañías comercializadoras se hacen cargo de la cosecha, traen a sus cuadrillas ambulantes, recogen y se van.
Los jornaleros cogen los frutos y los “alicatan”, los dejan perfectamente empaquetados en cajas y listos para su distribución. El camión parte en ese momento con 22.000 kilos de frutas y los temporeros duermen hacinados en almacenes o en pisos compartidos para continuar el trabajo en cuanto salga el sol. El Ayuntamiento ha abierto hasta 42 expedientes en la última campaña por hacinamiento de temporeros, pero la multa, en el raro caso de que prospere, es insignificante frente al beneficio. El dueño del local llega a cobrar 1.800 euros al mes por el suelo y el techo que alquila.
La manipulación de la fruta directamente en el campo ha conseguido ya el cierre de dos almacenes de la comarca donde se envasaban las naranjas y los que sobreviven calculan que han perdido un 40% del negocio, con la consiguiente supresión de puestos de trabajo, que afecta sobre todo a las mujeres, según confirman el alcalde y Jesús Alcaraiz, secretario técnico de la asociación empresarial citrícola Palmanaranja.
Con la cosecha que parte directamente del árbol a los comercios de otras zonas y la mano de obra ambulante, la economía del valle se hunde. Los jornaleros locales han perdido poder adquisitivo y los comercios y las industrias asociadas dejan de obtener los ingresos los mínimos para sobrevivir. Además, los temporeros y sus familias han comenzado a manifestarse y a señalar e increpar públicamente a los manijeros (capataces de las cuadrillas) y propietarios, creando un clima laboral y social cercano al estallido.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía resaltan que el plan de inspección específico previsto para este año se eleva a 2.000 visitas, pero reconocen que la dispersión de las explotaciones y la falta de denuncia de los afectados, que declaran cobrar según convenio ante los inspectores y la Guardia Civil, hacen muy difícil la erradicación de esta práctica. La falta de colaboración de los jornaleros se debe a que prefieren trabajar por 25 euros a no trabajar o a que solo buscan que se les acredite la peonada que les dará posteriormente acceso al subsidio agrario, una prestación similar al paro.
El conflicto llega a Bruselas tras más de 30 informes sin respuesta
El alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz, no ha parado de denunciar la situación y lleva más de 30 informes a todas las administraciones. Esta semana expondrá el caso ante el director general de Agricultura de la Comisión Europea, Joost Korte. En noviembre lo hizo con la ministra de Empleo española, Fátima Báñez, quien le prometió una respuesta “tan pronto como sea posible” y aún está esperando.
La Fundación Savia, una organización centrada en la defensa del mundo rural, ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Córdoba advirtiendo de la necesidad de acabar “cuanto antes” con los abusos que amenazan a los trabajadores y a todo el sector.
Pero, por ahora, no ha habido respuesta. El alcalde de Palma cree que es posible poner coto a la situación. Propone condicionar y limitar las ayudas de la UE a los empresarios que certifiquen el cumplimiento de los convenios, agrupar a los productores, aumentar las inspecciones y establecer un sistema eficaz de contratación que evite el “pago en mano de los salarios” e impida la actual situación, entre otra docena de medidas, como comparar las cosechas estimadas con los jornales generados para detectar las bolsas de fraude.
A la situación en los tajos se suma la crisis de los almacenes y plantas de envasado. Jesús Alcaraiz, secretario técnico de asociacion empresarial citrícola Palmanaranja, añade que, además de la pérdida de actividad, la Seguridad Social obliga a cotizar por los empleados en los centros de empaquetado en el régimen general, lo que supone un céntimo más de coste por kilo frente a otros que pagan según el sistema especial agrario, con lo que se disparan los costes frente a sus competidores.
Fuente: El Pais