NO HAY DEMOCRACIA REAL

Los sistemas políticos de DEMOCRACIA FORMAL, como el que tenemos en España, son un paso adelante en la historia respecto a las tiranías y los absolutismos, pero lo que indican es que no existe DEMOCRACIA REAL ya que, políticamente, decisiones que afectan a millones de seres humanos, están tomadas por una minoría –poderes políticos nacionales e internacionales al dictado de una oligarquía económica – que están, de hecho, fuera de cualquier control democrático. La ausencia de democracia real la podemos ver en:

  • La capacidad de gestión por parte de los ciudadanos de los asuntos públicos queda reducida a emitir un voto cada cuatro años.
    La existencia de un sistema de partidos con funcionamiento interno antidemocrático, dependientes de la banca y de las subvenciones con dinero público.
  • Una falsa separación de poderes. Los partidos políticos se otorgan la capacidad legislativa y ejecutiva, y además condicionan la capacidad judicial en nombre de la soberanía popular.
  • No hay libertad de expresión. Los poderes económicos (banca y grandes empresas multinacionales) son los que pueden financiar y mantener los grandes altavoces de comunicación social y buscan manipular la opinión pública para imponer la asimilación por el pueblo de los principios ideológicos del poder.
  • Instauración de un marco institucional sustentado en la burocracia que supone un auténtico muro de contención entre el pueblo y el poder.

LA DEMOCRACIA REAL ES AUTOGESTIÓN

Defendemos la Autogestión, como una forma de cultura en la que la persona es protagonista de su vida personal y colectiva. No se trata de que el pueblo participe, sino de que el pueblo gestione. No se trata de votar cada cuatro años a unos representantes, sino de asumir responsablemente, con los demás miembros de la comunidad, la gestión de los asuntos públicos.

Hoy la política de subvenciones por parte del poder ha herido mortalmente el asociacionismo libre y solidario.

La Autogestión en su vertiente política es democracia real, es decir, poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y entendemos por “pueblo” la comunidad de los excluidos de los beneficios derivados del poder y del dinero.

La autogestión política sólo es posible si hay autogestión cultural, social y económica. En todos los planos, LIBERTAD y PROTAGONISMO PERSONAL, y BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN son los principios sustantivos de la Autogestión, de la que en los pueblos de España existe amplísima experiencia: políticamente desde los primitivos concejos hasta el municipalismo. Económicamente desde las formas comunales de explotación agraria a la riquísima experiencia cooperativista. Social y culturalmente desde la cultura obrera y el sindicalismo revolucionario (hijo del movimiento obrero) hasta la libre asociación de personas y familias que construyan solidaridad.

Reconocemos la aportación de las raíces cristianas a la historia de Europa y al concepto de Democracia Real: dignidad de la persona humana, igualdad, separación Iglesia-Estado,… Reconocemos la labor que la Iglesia Católica ha realizado y está realizando a la promoción integral y colectiva de la persona, especialmente de los empobrecidos.

Defendemos la libertad religiosa para todas las confesiones como condición necesaria para una auténtica democracia.

SOCIEDAD FRENTE A ESTADO

Las instituciones más cercanas a la persona (familia, asociaciones, ayuntamientos…) deben tener el máximo protagonismo político. El papel del Estado debe quedar relegado a cubrir subsidiariamente las carencias de dichas instituciones. Para ello proponemos:

  1. Potenciar elementos formativos y asociativos puestos en marcha por la sociedad que promuevan la responsabilidad democrática de los ciudadanos a través de experiencias sociales, económicas y culturales que funcionen con criterios autogestionarios y solidarios.
  2. Transparencia e información a los ciudadanos. Sistemas de consulta ciudadana vinculantes a todos los niveles utilizando las nuevas tecnologías.
  3. Disminuir progresivamente la burocracia estatal, autonómica y provincial mediante la racionalización de sus competencias en favor de los ayuntamientos. Promover elementos de gestión y control por parte del pueblo.
  4. Modificación de la ley electoral favoreciendo los mecanismos de la democracia directa desde la base de la sociedad, instaurando listas abiertas y garantizando la representación proporcional a los votos, evitando la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas. Eliminar las barreras burocráticas para poder presentarse a las elecciones, como la obligatoriedad de recoger firmas a los partidos sin representación parlamentaria.
  5. Modificación de la ley de financiación de los partidos políticos para que éstos se autofinancien con las cuotas de sus militantes.
  6. Una modificación en la Constitución como un paso para garantizar una verdadera división de poderes.