El impago del alquiler ya supera el 70% de los desahucios

Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos aumentan un 12,06 % en el primer semestre del año / La aplicación de ejecuciones hipotecarias cae un 20,5%

Al menos un desahucio diario por no pagar el alquiler durante los seis primeros meses del año. En total, 195 lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en toda la provincia,

un 12,06% más que en el primer semestre de 2017 y el 70,1% de los procedimientos judiciales que se han llevado a cabo en Burgos en ese periodo de tiempo. He aquí la radiografía de un territorio que, al igual que el resto de España, ha sido testigo del ‘boom’ de los alquileres como consecuencia de la crisis económica y su explosivo cóctel: desempleo, precariedad laboral, bajadas salariales y, por ende, pérdida de poder adquisitivo.

No cabe duda de que los efectos de la burbuja inmobiliaria han perdurado más de lo esperado. De hecho, el número de lanzamientos practicados aumentó progresivamente en Burgos entre 2013 (421 procedimientos ejecutados) y 2016 (612). Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse el año pasado, con 574 casos, y todo parece indicar que el presente ejercicio culminará con un nuevo descenso. De momento, entre enero y junio se han producido en Burgos 278 desahucios, un 2,11% menos respecto al mismo periodo en 2017.

En este apartado concreto, queda claro que la realidad de Burgos durante el primer semestre de 2018 contrasta con la del país en su conjunto. Así lo refleja el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’. Los datos, publicados ayer, muestran un incremento general del 1,7% de los lanzamientos ejecutados «tras cuatro trimestres de reducciones interanuales». Eso sí, el mismo dossier también incide en la influencia de las últimas reformas de la LAU, ya que el número de lanzamientos relacionados con el alquiler ha crecido un 6,1% en relación al segundo trimestre de 2017.

A tenor de estos datos, da la impresión de que los caseros -por muy farragoso que les pueda resultar acudir a la vía judicial- recurren cada vez más a la fórmula del lanzamiento para expulsar a sus inquilinos por impago, sobre todo a raíz de la reforma normativa del Partido Popular en 2013 para autorizar un desalojo con tan solo un mes de retraso. Nada más lejos de la realidad en el caso de la provincia, pues la estadística del CGPJ registra subidas y bajadas constantes desde la entrada en vigor de la reforma de la LAU hasta el año pasado. Sea como fuere, el mayor número de procedimientos dentro de este apartado tuvo lugar en 2016 con 384 casos.

Lo que sí ha disminuido considerablemente es la cifra de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, tanto en Burgos como en el resto de España. En clave provincial, los 81 procedimientos formalizados de enero a junio -31 en el primer trimestre y 48 en el segundo- suponen una caída del 20,5% en comparación con el ejercicio anterior. Por aquel entonces, ya se habían registrado 102 lanzamientos. Una vez finalizado el año, se contabilizaron 198, curiosamente la misma cifra que en 2016.

Este descenso tiene su explicación. Según detalla el abogado Francisco Horcajo, las entidades de crédito presentan con «cuentagotas» sus reclamaciones porque «se están suspendiendo muchos procedimientos de ejecución hipotecaria contra consumidores». El motivo no es otro que la sentencia pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá dictaminar «si es abusiva o no la cláusula de vencimiento anticipado».

A la espera de que el TJUE se pronuncie, lo cierto es que la suspensión de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se está reduciendo notablemente en todas las audiencias provinciales. De hecho, Horcajo señala que La Rioja ha paralizado «todos los procedimientos». Por otro lado, el letrado precisa que los impagos continúan estando a la orden del día. Lo que ocurre es que los bancos están «esperando a que haya muchas cuotas impagadas», aunque por ahora solo presentan reclamaciones a «sociedades o en procedimientos declarativos, no ejecutivos».

Las dudas del Tribunal Europeo se amparan en el pronunciamiento de su abogado general, Maciej Szpunar, que hace tres semanas tildaba de «abusiva» esta cláusula. Así pues, los bancos ya se han puesto «manos a la obra» para «ver qué hacen con todos los procedimientos impagados y qué influencia va a tener esa supuesta sentencia», subraya Horcajo convencido de que lo más probable es que Bruselas tenga en cuenta el parecer de Szpunar mientras remarca que «solo se pueden reclamar las cantidades ya vencidas», pero no las «pendientes de vencer».

Donde no se ha registrado variación alguna en estos dos trimestres respecto al año pasado es en el número de ejecuciones hipotecarias presentadas: 82 en ambos periodos. Cifras aparte, Horcajo asegura que las entidades bancarias ofrecen daciones en pago o arrendamientos «siempre que pueden» porque «no quieren más inmuebles». Es más, la ausencia de compradores en subastas les ocasiona un «problema inmobiliario tremendo», de ahí que opten por este tipo de fórmulas. No obstante, la dación «no siempre es posible» si los impagos se acumulan, ya que los embargos posteriores conllevan una serie de cargas que el banco no está dispuesto a asumir.