El pasado 28 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el proyecto de Declaración de los Derechos de los Campesinos, a pesar de las abstenciones de un buen número de países europeos, incluido España, y del voto en contra de otros.
La Declaración, que ahora pasará a la aprobación por parte de la Asamblea de Naciones Unidas a finales de mes, reconoce los derechos de los campesinos y de la agricultura familiar en su contribución al derecho a la alimentación y a la lucha contra el hambre. De este modo se promueve el derecho al acceso a la tierra, al agua, las semillas y la biodiversidad, a la soberanía alimentaria de los pueblos, a recibir unos precios justos, a la vida y unas condiciones de vida decentes, entre otros.
Nos preguntamos cómo puede un país, como el nuestro, abstenerse o votar en contra del reconocimiento de estos derechos tan elementales para los propios campesinos y tan básicos para luchar contra la odiosa lacra del hambre.
¿Es que España y Europa han dado la espalda definitivamente a la agricultura, la alimentación y al mundo rural, dentro y fuera de sus fronteras? ¿Qué intereses se ocultan tras este posicionamiento? ¿Ya sólo importa defender a las multinacionales del agronegocio? ¿No contradice los objetivos de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición que acogerá Madrid a finales de este mes?
Quizá parte de las respuestas estén contenidas en la carta que envió Olivier De Schutter -ex-Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación entre 2008 y 2014-, a los gobiernos antes de la votación de la semana pasada para animarles a votar unánimemente a favor (algo que aún podría suceder en el plenario de la ONU).
Por su interés, reproducimos a continuación íntegramente la Carta de Olivier De Schutter a los gobiernos presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
“Esta semana en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos debe posicionarse sobre el seguimiento que se dará al proyecto de Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. La declaración ha sido negociada desde 2013 en un grupo de trabajo intergubernamental, en un clima a veces tenso. El momento que llega es decisivo.
El 3 de julio, el Parlamento adoptó, por una amplia mayoría de 534 votos contra 71 (y 73 abstenciones), una resolución en la que instaba a los Estados miembros de la UE a apoyar el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Reiteramos este llamado.
En todo el mundo, los campesinos y campesinas se enfrentan a la especulación inmobiliaria y al acaparamiento de tierras. Los agricultores y agricultoras que forman parte de las cadenas agroalimentarias dominantes se enfrentan a una concentración cada vez mayor. Esto sucede tanto en el sector de la agroquímica y de las semillas, que proporcionan insumos, como entre la industria de procesamiento y distribución agroalimentaria, que compran los cultivos. Aquellos y aquellas, cada vez más numerosos, que se unen a las cadenas de suministro cortas, hacen frente a regulaciones inadecuadas que han sido diseñadas para la agricultura industrial y a un sistema de subsidios que favorece a las granjas más grandes. A estos campesinos se les hace creer que deben ampliar sus explotaciones o desaparecer. En Europa, dos tercios de las granjas han desaparecido en los últimos treinta años y los ingresos de los pequeños agricultores apenas les permiten sobrevivir. Los paisajes están muriendo.
Esta situación no puede continuar. Aquí no se trata de defender los intereses corporativos de una profesión. Se trata de defender un determinado modelo agrícola, cuya desaparición programada no aceptamos. Es la agricultura campesina la que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad agrícola en nuestros campos y mantiene la salud del suelo de mejor forma mediante prácticas agroecológicas que apuestan por la diversidad y permiten un mayor almacenamiento de carbono. Sería incomprensible permitir que los monocultivos industriales, que transforman nuestros campos en desiertos, sean los únicos que sobrevivan y definan el futuro de nuestros territorios. Es la agricultura campesina la que más contribuye al desarrollo de las áreas rurales y a combatir su despoblación. Apoyarla, se traduce en obtener una fuente de empleo aún sin explotar. Y lo que es cierto en los países europeos, es cierto, y aún más, en los países en vías de desarrollo. La gran mayoría de las personas que pasan hambre vive en áreas rurales. Dependen de una pequeña agricultura denominada «familiar» que ha sido diezmada lentamente durante décadas de fomento de la agricultura de exportación. Los campesinos y campesinas arruinados huyen a las ciudades, al borde de las cuales van a vivir en condiciones precarias. Las ciudades ya no pueden aguantar esta situación.
¿Qué nos da miedo, que la Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales otorgue «nuevos» derechos? Lo esencial de su contenido retoma las promesas ya recogidas en otros textos, ya sea en los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos o en otros textos menos conocidos – y citados con más frecuencia en Roma, donde se encuentran las principales organizaciones de la ONU que luchan por la seguridad alimentaria mundial, que en Ginebra–. La Declaración únicamente hará más visible lo que ya existe, pero que está disperso y bajo una forma tan discreta que casi olvidamos estos juramentos, reiterados en cada cumbre, para apoyar a la agricultura familiar y a los sistemas agroalimentarios locales, para reducir la pobreza rural y la malnutrición.
¿O nos da miedo la referencia a la reforma agraria y el «derecho a la tierra»? Adoptada en noviembre de 2009 por los sesenta jefes de Estado y de gobierno y 192 ministros de 182 países y de la Unión Europea, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria ya obliga a los gobiernos a «establecer mecanismos legales y otros, […] que hagan avanzar la reforma agraria, reconozcan y protejan los derechos de propiedad, de acceso al agua y de uso, para mejorar el acceso de pobres y mujeres a los recursos». Y un tratado internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales que insiste sobre la reforma agraria como medio para garantizar «el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre», y «para garantizar el mejor desarrollo y uso de los recursos naturales». Las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas son las que más producen por hectárea y las que están en mejor posición para gestionar los recursos de forma racional.
¿Nos preocupa la referencia a la soberanía alimentaria, una reivindicación hecha hace más de veinte años por la Vía Campesina, movimiento campesino transnacional que ahora tiene 200 millones de miembros, y que ahora es defendida por muchos movimientos sociales? La Declaración de Roma sobre seguridad alimentaria reconoce la necesidad de incentivar «la producción y el uso de cultivos alimentarios subutilizados y apropiados, en el plano cultural, tradicional» (Objetivo 2.3). Todos los expertos que han trabajado sobre las causas del hambre y la malnutrición lo saben bien: la principal causa de la pobreza rural es la prioridad, casi exclusiva, que se le da a los cultivos comerciales en los países pobres que deben adoptar divisas extrajeras para pagar su deuda externa. Cambiar el rumbo es posible, pero esto implica reubicar los sistemas alimentarios y permitir que los campesinos y campesinas participen en la definición de las políticas que les afectan. La expresión de la soberanía alimentaria no significa otra cosa. Al apoyar la Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, la Unión Europea estará en consonancia con la historia. Satisfará las expectativas de una gran parte del público. Actuará de acuerdo con los valores que se ha comprometido a respetar en la conducción de sus relaciones exteriores: el «desarrollo sostenible del planeta», la «eliminación de la pobreza» y la «protección de los derechos humanos». No son solo palabras: se requiere acción. El momento ha llegado.” Olivier de Schutter.
Movilización
Desde diversas organizaciones de la sociedad civil española se está planteando una campaña de información y presión al Gobierno de España, para que vote a favor de la Declaración en el plenario de las Naciones Unidas, a finales de este mes. Para más información acerca de esta movilización, te sugerimos que sigas en los próximos días los canales de información del Partido SAIn (web y redes sociales).