Este lunes, los medios españoles amanecían con la noticia de la intervención de un barco de la ONG española Proactiva Open Arms, secuestrado judicialmente en la isla de Sicilia por las autoridades italianas, que acusan a la organización de fomentar la inmigración ilegal. Si bien todavía están en una fase previa y la toma del barco es preventiva, la organización ha sido acusada de «asociación criminal», tal y como ha confirmado el fundador de la misma, Oscar Camps, a través de su cuenta de Twitter. «Todavía es solo una hipótesis de delito. La toma del barco es preventiva, pero se nos acusa de asociación criminal y de fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños».
Proactiva, que antes era una compañía de seguridad marítima, decidió en septiembre de 2015 buscar la manera de ayudar a los refugiados que trataban de llegar a Europa en precarias embarcaciones cruzando el mar Mediterráneo. El año pasado la ONG recibía el Premio ALBA al Activismo de los Derechos Humanos, un galardón dotado con 100.000 dólares y considerado uno de los más prestigiosos del mundo. No obstante, no es el primer problema al que se enfrenta la organización: en febrero de 2017 Catania creaba un grupo de trabajo para analizar posibles lazos económicos entre los traficantes de inmigrantes y diferentes ONG. El fiscal general de la ciudad, Carmelo Zuccaro, acusó a diferentes organizaciones de tratar de desestabilizar la economía del país introduciendo inmigrantes en Italia.
Ya entonces, Gerard Canals, director de la misión de Mediterráneo Central de Open Arms. criticó que se les vinculara con el tráfico de seres humanos. «Nos acusan de traficar con personas cuando son ellos los que nos dicen dónde hay que trasladarlos». Después de iniciar su investigación, el propio Zuccaro reconoció que no tenía pruebas que se pudieran utilizar ante un jurado para demostrar la relación entre las ONG y las mafias de tráfico de personas. La última investigación, la que ha provocado el secuestro temporal del barco de Open Arms, se ha abierto después de que la ONG denunciara que una embarcación de guardacostas libios se aproximara al barco y amenazara con abrir fuego si no les entregaba los inmigrantes que acababa de rescatar en alta mar.
Más de 48 horas después del rescate, la organización logró desembarcar a los 216 inmigrantes que había subido a bordo y que se negó a entregar a la Guardia Costera de Libia. No lo hicieron hasta recibir la autorización de las autoridades italianas. Las acusaciones contra Proactiva Open Arms no son insignificantes, pero tampoco únicas: han sido muchos los que han sido señalados de forma similar.
Helena Maleno, española acusada en Marruecos
Helena Maleno lleva desde 2001, cuando se instaló en la ciudad marroquí de Tánger, devolviendo su nombre a los inmigrantes que mueren intentando entrar en Europa y luchando para que sus familias obtengan la justicia que a ellos se les negó. Desde 2007, esta investigadora en migraciones que ha trabajado para Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo español, ha sido además la voz que alerta a los servicios de salvamento marítimo español y marroquí para que rescaten a cientos de personas, perdidas en el mar o a punto de ahogarse en una patera o una balsa hinchable de juguete.
En la investigación contra Maleno, que se basa en un expediente enviado por la Policía española, se acusa a la activista de tener vínculos con los traficantes y de favorecer la inmigración irregular. El relator especial de la ONU para la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, ha vuelto a insistir en la necesidad de que los Estados protejan de forma prioritaria a los que ayudan a personas «en movimiento» y en su último informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo referencia al caso de Maleno, señalando que este tipo de procedimientos judiciales contra activistas tiene un «efecto disuasorio». «Hace que las personas y organizaciones de la sociedad civil sean más reacias a apoyar y a ayudar a los inmigrantes».
Cédri Herrou, de agricultor a traficante
Otro caso es el del francés Cédric Herrou, condenado a cuatro meses de cárcel —exentos de cumplimiento— por ayudar a unos 200 inmigrantes a atravesar de forma ilegal la frontera entre Francia e Italia. El agricultor había sido multado en primer lugar con 3.000 euros por ayudar a llegar a Francia a un grupo de inmigrantes, principalmente eritreos y sudaneses, pero la Fiscalía de Niza presentó un recurso: el pasado mes de agosto la condena contra Herrou se fijaba mucho más alta: el tribunal de Aix-en-Provence lo condenaba a cuatro meses de prisión.
Todo comenzó en agosto de 2016, cuando fue detenido por primera vez transportando a varios inmigrantes a través de la frontera, razón por la cual la Fiscalía no interpuso ninguna denuncia. Meses después, en octubre, Herrou volvía a ser detenido tras haber ocupado, junto a otros activistas, un terreno de la red pública de ferrocarriles (SNCS) inutilizado desde hace más de dos décadas, lugar donde albergaba a los inmigrantes.
Lisbeth Zornig, escritora danesa
El de Lisbeth Zornig fue otro caso ciertamente sonado: la escritora y activista fue multada en marzo de 2016 con 22.500 coronas danesas —unos 3.000 euros— por haber ayudado a una familia de refugiados sirios a llegar a Suecia desde la frontera de Dinamarca con Alemania. Tanto ella como su esposo, Mikael Rauno Lindholm, llevaron a la familia hasta la capital, Copenhague, y de ahí los trasladaron a la estación de tren, donde les compraron los billetes con destino a Suecia. Hasta el caso de Zornig, casi 300 personas habían sido condenadas en Dinamarca por ayudar a inmigrantes en un periodo de cinco meses.
Desde entonces, la danesa se define a sí misma en su biografía de Twitter como «economista, escritora, exdefensora de la Infancia, traficante de personas, activista, conferenciante, madre de cinco hijos y «casada con un traficante de personas».
Pierre-Alain Mannoni, siguiendo las huellas del francés
Otro caso posterior al de Herrou fue el de Pierre-Alain Mannoni, un hombre de 45 años y padre de familia, transportó en su vehículo a tres jóvenes desde un centro ilegal de acogida gestionado por voluntarios en Saint-Dalmas-de-Tende. Su objetivo era llevarlos a una asociación que ayuda a inmigrantes en Marsella, donde pudieran tratarlos por unas quemaduras y otras heridas que presentaban.
El Tribunal de Aix-en-Provence —el mismo que condenó a Herrou— sancionó a Mannoni, investigador universitario, con dos meses de prisión, también exentos de cumplimiento, por «facilitar la circulación y la residencia en Francia de manera ilegal». «No conozco la ley con todo detalle, pero sí conozco los grandes principios de la igualdad y la fraternidad», se defendió Mannoni.
Los tres bomberos españoles de Lesbos
En enero de 2016, la organización PROEM-AID comunicaba que parte de su equipo había sido detenido. La Guardia Costera de Grecia había arrestado a tres bomberos de Sevilla que participaban en las tareas de rescate de refugiados en la isla de Lesbos. Su abogado, Xaris Pétsikos, explicaba a El Confidencial que estaban acusados de tráfico de personas y posesión de arma blanca. Los tres bomberos sevillanos, por su parte, aseguraban que iban en la barca de otra organización —porque con la suya no podían llegar donde les habían indicado que se situaba un grupo de inmigrantes en problemas— cuando los guardacostas les detuvieron. Además, añadían que los cuchillos encontrados forman parte de su equipamiento norma para casos en los que tengan que cortar algún cabo en las labores de rescate.
Después de su detención, Grecia presentó formalmente sus cargos contra Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez: tráfico de personas y posesión de armas. La presión diplomática por parte de España ayudó a que fueran liberados tras depositar una fianza de 15.000 euros, pero dejaba clara la postura de Atenas: habían fijado su atención en las ONG desplegadas en la zona. En un documento interno al que tuvo acceso este diario, se revelaba esta teoría: «Recientemente, muchos miembros de organizaciones no gubernamentales han sido detenidos por las autoridades nacionales griegas por acciones ilegales relacionadas con la facilitación de la migración y el apoyo a la entrada ilegal al país y otras acciones sospechosas».
Tamara Fariñas R.
Fuente: El Confidencial