Las manadas

Cada ocho horas se viola a una mujer en España, estos son los casos denunciados. Está claro que dada la naturaleza del delito, el número es exponencialmente más alto. La violencia existe en todos los ámbitos de la sociedad, pero cuando es contra la mujer pareciera ser que es merecida en muchos casos. El concepto de violencia es cuestionado, la agresión tolerada y hasta excusada.

El caso de “La Manada” es un reflejo de una sociedad enferma, en la que la industria de la pornografía y la prostitución han convertido al cuerpo de la mujer en un objeto de usar y desechar, en un mercado neoliberal que desvaloriza no sólo a los objetos sino incluso la dignidad del ser humano. El poder judicial no escapa tampoco a esta enfermedad, ni lo hacen las leyes que dan lugar y avalan las injusticias. A tal punto es así que el magistrado Ricardo González no ve en los videos grabados por los acusados una brutalidad sino «actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo». El juez vio una relación sexual en una escena en la que cinco hombres utilizaban el cuerpo de una mujer para masturbarse colectivamente.

La Manada fue juzgada por abuso sexual y no por violación o agresión sexual, a pesar de que los jueces sí dieron por válido el testimonio de la víctima tal cual ella lo contó. Ellos también creyeron su historia y que ella no quería tener sexo. Lo aberrante, lo escandaloso y demoledor es que para ellos no exista una situación de intimidación y violencia en que un grupo de cinco hombres salieran de caza, como ellos mismos dieron a llamar su forma de diversión, y violaran entre todos a una chica de 18 años con premeditación, brutalidad y saña. Parece ser que la pena depende de que esta manada de machos le haya pegado o no, de cómo ella se haya resistido, o de si gritara o no. Aunque si hubiera sido así, no nos debería extrañar que el magistrado González lo interpretara como sonidos de placer.

El código penal distingue entre dos tipos de «violaciones», es decir, entre dos tipos de actos de penetración no consentida. A una la llama «abuso», y tiene una pena de entre cuatro a diez años. La otra se llama «agresión», y tiene una pena de entre ocho a doce años. Había hechos agravantes en este caso, por los cual, la Fiscalía pedía 22 años de prisión para cada uno de los acusados. Es decir, si alguien penetra a una mujer inconsciente, o abusando de su trastorno mental, o cuya voluntad se ha anulado mediante el uso de drogas, el código penal lo considera expresamente «abuso» y no agresión. Para ser agresión, debe probarse, además de la falta de consentimiento, la violencia o intimidación expresa para anularlo.

La violación de La Manada se suma a las agresiones sexuales que las mujeres sufrimos a lo largo de nuestras vidas, muchas en silencio por el miedo, la culpa, la vergüenza, la condena social y, porque, como se puso de manifiesto; la justicia no quiere tener en cuenta la perspectiva de la víctima. La víctima ocupa un rol secundario en nuestro proceso penal. A diferencia de las garantías individuales a favor de los imputados, el derecho de la víctima en el proceso penal español en casos de agresiones sexuales es frágil.

El tema del consentimiento sexual debe entrar a debate. En la nueva propuesta de ley sueca sobre violaciones, que entrará en vigor este año, la agresión sexual no depende de si el violador utilizó o no violencia física para obtener el consentimiento de la víctima, la violación podría ser probada si el demandante no dio su acuerdo verbal explícito o no demostró claramente un deseo de participar en esa actividad sexual.

Es más, el consentimiento no siempre puede justificar una práctica, porque -incluso si es dado- puede estar viciado. Cuando el consentimiento no nace del deseo mutuo de tener relaciones sexuales, ya sea porque la persona es obligada a ello a través de cualquier método coactivo, porque se encuentra en una situación de inferioridad o porque es comprado, estamos hablando de violación, de agresión sexual, de desigualdad, de abuso de poder físico, económico, político y/o social. Somos parte de una sociedad en la que hay hombres que creen que siempre tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales y sus ansias de poder, incluso violando, ya sea como en el caso flagrante de La Manada o comprando su derecho a violar en el caso de la prostitución. No podemos hablar de derechos, de igualdad o de justicia si no trabajamos para cambiar esta mentalidad desde las leyes, pero también y fundamentalmente desde la educación de toda la sociedad.

Grupo Fantine