Reder ha documentado 3.340 casos de exclusión sanitaria desde 2014, el doble que contabilizó hace poco más de año y medio
Una de cada cuatro personas que fueron excluidas sí tenía derecho a recibir atención sanitaria por su condición de embarazada o menor de edad
M. L. es una boliviana que llegó a España víctima de una red de trata con fines de explotación sexual. Cuando M. L. acudió a urgencias para que la atendieran de las lesiones provocadas por una agresión machista, recibió una factura por los costes. Pasaron los meses. M. L. se quedó embarazada y, cuando acudió al hospital para dar a luz, le volvieron a cobrar la atención recibida. En total, acumula ya una deuda de 30.000 euros con la Agencia Tributaria.
M. L. es una de las muchas iniciales de un número de cuatro cifras. Los 3.340 casos de exclusión sanitaria que la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (REDER) ha constatado en los últimos tres años debido a la reforma sanitaria que se aprobó hace ya un lustro. La red en defensa de la sanidad en España ha documentado que los casos de exclusión sanitaria se han duplicado en poco más de año y medio, cuando se contabilizaban poco más de 1.500.
Precisamente, el caso de M.L. no debería engrosar esta cifra ya que el Real Decreto de la reforma sanitaria de 2012 la excluía -al igual que los menores de edad-, por estar esperando un hijo. Sin embargo esta «desatención es consecuencia de la desinformación, las irregularidades y, sobre todo, el laberinto burocrático causado por la ausencia de una normativa que aúne las directrices de las Comunidades Autónomas y la nacional». Quien habla es Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo en Madrid, una de las organizaciones encargadas de elaborar el informe Cinco mitos para cinco años de reforma sanitaria.
Con el objetivo de presentar este documento y sus conclusiones, Reder ha representado este jueves una acción de denuncian en el centro de Madrid, donde han llevado a cabo una escenificación urbana para que, así, los ciudadanos puedan experimentar «la escena Kafkiana» que supone para algunos el acceso a la sanidad, lo que desde esta organización califican de «racismo sanitario».
Como el de M.L., Reder ha documentado 146 casos de mujeres embarazadas, 243 de menores, 26 de personas solicitantes de asilo y 341 casos de denegación o de facturación indebida de la atención en urgencias. En total, 756 personas con derecho a atención médica -pese a no tener tarjeta sanitaria- que no la recibieron en el transcurso de los últimos tres años. Es decir, uno de cada cuatro casos recogidos incumple la ley.
En su informe, esta organización ha documentado 687 casos de personas excluidas pese a la aprobación de distintas directrices autonómicas que atenuaban el Real Decreto. «El problema es que en muchos centros de salud, aunque en su Comunidad Autónoma objetaron la aplicación de la normativa de 2012, se han quedado con la idea de que no se debe atender sin tarjeta sanitaria», explica Espinel. A día de hoy, todas las comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuentan con alguna medida de este tipo.
«No tienen derecho pero se les atiende»
«Los inmigrantes ilegales no tienen derecho pero se les atiende», así definió la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la actual situación. Pero, en su informe, Reder critica que las cifras desmienten esa afirmación: «No sólo no es cierto que en España nadie se queda sin asistencia sanitaria, sino que son muchas las personas que se ven privadas de cuidados esenciales, incluyendo enfermedades tan graves como 51 casos de cáncer, 74 casos de enfermedades cardiovasculares, 107 de diabetes, 87 de hipertensión, 53 casos de salud mental grave o 26 casos de VIH.
Reder critica que entre los argumentos esgrimidos para la aprobación de aquella normativa estaba cortar de raíz con la práctica de algunos extranjeros sin problemas económicos que preferían operarse o continuar con su tratamiento en España, el conocido como turismo sanitario. Pero según la red, «el perfil de persona que realiza turismo sanitario es el de alguien con recursos, con ciudadanía europea».
Recuerdan, además, que el sistema sanitario no se financia por medio de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino por medio de los impuestos, tanto directo (como el IRPF) como indirectos (IVA). Por lo que, aunque M.L. no hubiera podido cotizar como trabajadora, «sí sostuvo el sistema sanitario del cual se la excluye».
Borja Rodrigo
Puedes acceder aquí al informe completo