El GRECO y otros `artistas”

El GRECO es el Grupo de Estudios contra la Corrupción que supervisa el cumplimiento por parte de sus 49 estados miembros de los instrumentos contra la corrupción del Consejo de Europa. Sus informes periódicos muestran información relevante sobre las legislaciones y prácticas estatales en materia de corrupción. En su cuarta ronda de evaluación (Estrasburgo, 2 a 6 de diciembre de 2013) ha analizado el estado de la cuestión en nuestro país y ha emplazado a nuestro gobierno a tomar medidas urgentes para contener el escandaloso número de casos de corrupción relacionados con prominentes figuras políticas, altos funcionarios y dirigentes empresariales.
Y no le falta razón pues en España tenemos imputados en las cúpulas de las organizaciones más relevantes de nuestro sistema institucional y socio-económico: monarquía, organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, bancos y cajas de ahorro, etc. Los organismos reguladores han fallado de forma estrepitosa y también hemos asistido espectáculos bochornosos como el enchufismo en el Tribunal de Cuentas. Hasta estamos asistiendo al escándalo de instituciones públicas que son gobernadas desde la cárcel, lugar en el que moran sus representantes.
El GRECO ha dado de plazo de España para que antes del 30 de junio de 2015 tome las siguientes medidas:
– Parlamento: elaborar un código de conducta a los parlamentarios accesible a los ciudadanos y les oriente en cuestiones éticas y de posibles conflictos de intereses; regular su relación con grupos de presión que traten de influir en el proceso legislativo; revisar los formularios de declaración de bienes que son un auténtico coladero de ocultaciones y un mayor control del entorno para evitar canalizar ingresos delictivos a través de testaferros.
– Jueces: cambiar la elección del órgano de gobierno de los jueces que limita su independencia, cambiar la elección de cargos de la judicatura para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia, elaborar un código de conducta para jueces y ampliar el plazo de prescripción para procedimientos disciplinarios evitando la inmunidad que provocan plazos tan cortos para instruir sus expedientes disciplinarios.
– Fiscales: cambiar la elección del Fiscal General del Estado, incrementar su transparencia, dotar de autonomía a la gestión de sus medios, establecer un código de conducta y garantizar un procedimiento disciplinario eficaz
A pesar de lo prudentes de las recomendaciones del organismo internacional del que formamos parte, no parece que nuestro gobierno haya tomado ninguna decisión al respecto ni se advierten señales de que ello vaya a producirse en un futuro cercano. Y ello a pesar de que es evidente que la ciudadanía quiere medidas más radicales.
En esta oleada de indignación ciudadana muy poco se dice del aparato judicial. En nuestra opinión la corrupción sistémica que existe en España no sería posible sin el concurso de este poder del Estado.
El número de políticos imputados por corrupción se cuenta por miles en nuestro país. Cuando los dirigentes del Partido Popular insisten en que el inmenso banquillo ocupado por miembros de su partido es una excepción parecen tomar a los ciudadanos por tontos.
La corrupción del PP es sistémica. Su actitud ante la crisis, las instituciones y los problemas de los españoles han mostrado la verdadera cara de un grupo de políticos sin capacidad de afrontar los problemas desde la perspectiva del bien común. Mariano Rajoy ha sido el hombre más sumiso y obediente a los dictados de la Troika. Y el mismo pusilánime que volvía de Bruselas proclamando su obediencia a los que mandan ha sido el mismo que ha mirado para otro lado cuando saltaban a la opinión pública las tramas corruptas de su partido.
El PP no ha hecho nada por acabar con la corrupción. Su declive viene de lejos. En las legislaturas de Aznar se pusieron los cimientos de una corrupción que nos ha explotado de forma masiva. Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones y Cajas de Ahorro fueron asaltadas por bandas criminales. Las han saqueado y el pueblo está pagando su bancarrota. Los ministros de entonces desfilan hoy por los Juzgados respondiendo por aquellas tropelías.
El PP ha usado su mayoría parlamentaria para ocupar las instituciones para tratar de echar tierra sobre el asunto lo cual ha agravado el problema. Si la justicia y los órganos de control del Estado colaboran con la corrupción nuestro país no tendrá solución. Desgraciadamente, la justicia sólo ha podido enjuiciar la punta del iceberg de la corrupción. Pero ese pico nos ha permitido ver el abismo en el que está nuestro país en el que partidos, sindicatos, monarquía, instituciones municipales, cajas de ahorro, etc., se han visto arrastradas por la marea corrupta.
Los cambios legislativos que se han hecho en esta legislatura no han cambiado nada. Los sistemas de adjudicación de contratos públicos sigue intacto y sigue atrayendo como la miel a los que ofrecen comisiones por su adjudicación.
Esta legislatura del PP ha estado marcada por el empobrecimiento de la sociedad y la corrupción de sus gobernantes. El que solo 8 de los 86 titulares de las tarjetas opacas de Bankia renunciaran a su uso muestra a las claras el ínfimo porcentaje de limpieza que hay en nuestras instituciones políticas y financieras y nos indica la profundísima limpieza que tenemos que hacer. Nuestras instituciones y partidos han sido ocupadas por granujas y es hora de decir basta y organizarse para el zafarrancho de limpieza.
Y en esa limpieza el PP va a ser un duro adversario. Cuando Ana Mato dimite de ministra por beneficiarse de una red corrupta sigue aferrada a sus cargos en el partido y en el parlamento. La señora Aguirre escogió a corruptos para gobernar y se postula como candidata al Ayuntamiento con mayor presupuesto de nuestro país. Por desgracia, los corruptos no sienten aún la presión social para irse a su casa.
El edificio de nuestras instituciones parece tambalearse. La creciente marea de casos de corrupción abarca un espectro tan amplio que demuestra que estamos ante un problema sistémico y a nadie convence ya aquello de que no hay que generalizar o que se trata de casos aislados.
Ninguna de las instituciones políticas de España funciona correctamente.
La monarquía ha jugado un penoso papel en estos últimos años;
el Parlamento y el Senado son una agencia de viajes de lujo usadas por sus miembros para sus viajes de placer,
La cúpula del Partido Popular contiene la respiración por si les llama la Audiencia Nacional a declarar o por si la Guardia Civil les va a detener;
el flamante nuevo secretario general del PSOE fue aupado a la poltrona por la Federación Andaluza a cambio de la inmunidad de los dos ex-presidentes del partido y que puedan seguir afiliados y sin renunciar a su escaño; acaba de ser imputada la actual presidenta del PSOE. Las personas que han ostentado la mayor representación del PSOE son unos chorizos y eso mancha a todo el partido.
el presidente del Tribunal Constitucional ocultó su incompatibilidad de pertenencia al partido que lo había nombrado;
el Tribunal de Cuentas es un pozo de nepotismo y enchufismo;
hay comunidades autónomas cuya revisión de cuentas daría lugar a cientos de sumarios por corrupción;
hay presidentes de diputaciones encarcelados;
hay instituciones municipales gobernadas desde la cárcel;
la vida municipal y autonómica están infiltradas por tramas de corrupción urbanística;
el Banco de España permitió la estafa a los ahorradores y el saqueo de los fondos de bancos y cajas de ahorros;
las organizaciones patronales también cuentan con representación en la cárcel;
a las cúpulas de las Cajas de Ahorro les espera el banquillo;
históricos sindicalistas manejan millones de euros en sus cuentas opacas…

¿podemos decir, entonces, que estamos ante casos aislados?.

La corrupción y la opacidad en la gestión de las instituciones no tienen fronteras. Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, se dedicó, siendo ministro de finanzas de Luxemburgo, a negociar acuerdos secretos para que 300 multinacionales eludieran impuestos en el resto de países. ¿Qué prestigio moral tiene la UE que ha nombrado presidente de su institución más poderosa a un desleal conseguidor de defraudadores? Gracias a tipos como Juncker, en España las multinacionales pagan veinte veces menos de impuestos de lo que debieran, y si a ello les sumamos las subvenciones gubernamentales, el saldo fiscal les sale positivo. Los españoles no debemos olvidar que uno de sus mayores defensores fue un tal Mariano Rajoy.