La plataforma creada en auxilio de los ‘sin papeles’ se siente «defraudada» por la anulación de la Orden y dice que seguirá «luchando por la de defensa de los derechos humanos»
Desde 2012, la plataforma contra la exclusión ha ayudado a más de cien inmigrantes a los que se les negaba la asistencia sanitaria.
16 junio 2016
Solo hace unos días que la Plataforma Ciudadana contra la Exclusión Sanitaria realizó su último acompañamiento para que un joven ruso fuera atendido en el centro de salud y se le tratara de su dolor de hombro. Y no ha sido el único este año, aunque ya son «casos contados», si se compara con la situación que generó el real decreto de 2012 que dejó fuera del sistema a todos los inmigrantes irregulares. Cuando parecía que estaban «al final del camino», de esa lucha por los derechos humanos en la que han estado volcados estos cuatro años, ha llegado el varapalo judicial que invalida la orden de la Consejería de Sanidad que había allanado los obstáculos y había devuelto la tarjeta sanitaria a los ‘sin papeles’.
«Nos sentimos defraudados», admite Fernando Gutiérrez, en nombre del colectivo, pero «está claro que vamos a seguir luchando» y «no pararemos de denunciar a quienes pretendan atentar contra el derecho a la salud para todos los seres humanos». La plataforma asegura que la normativa alumbrada por el bipartito PRC/PSOE nada más acceder al Gobierno ha contribuido «a reducir el drama de la exclusión».
Desde su aprobación, hace justo un año, la Consejería ha tramitado 418 tarjetas sanitarias, similares a las del Sistema Nacional de Salud pero solo válidas en Cantabria –59 de ellas estaban pendientes de la legislatura anterior–. Con esta documentación se garantizaba la cobertura a los extranjeros empadronados en la región (se pedía como requisito un mínimo de tres meses), a los nacionales desempleados sin prestación y a los españoles residentes fuera del país durante más de un trimestre. Con una diferencia clave respecto al plan de protección social que diseñó la Consejería popular de Sáenz de Buruaga: no tiene en cuenta los recursos económicos de los solicitantes.
«Vamos a recurrir la sentencia y mientras tanto se va a funcionar igual», dice la directora de Atención Sanitaria
Gutiérrez reconoce que «aquel primer programa permitió reducir los acompañamientos que hacíamos –aproximadamente a tres mensuales–, pero fue con la orden aprobada el verano pasado cuando más se avanzó. Los pocos casos que aún nos encontramos responden a una falta de formación del personal del mostrador de los centros». No obstante, reconoce que, puesto que el origen de la exclusión se sitúa en una normativa estatal, decidida por el Gobierno Rajoy, «la orden cántabra únicamente podía aspirar a mitigar los efectos, no a ponerle fin».
«Esperanza» en el recurso
El pasado viernes, la propia Consejería de Sanidad informó de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que invalidaba su normativa tras estimar el recurso presentado por el Ejecutivo central y ya avanzó su intención de recurrir. «Consideramos que el real decreto de 2012 es excluyente, injusto y de dudosa legalidad, y por ello vamos a presentar un recurso con la esperanza de que prospere. Ahora mismo no nos planteamos otro escenario», sostiene María Antonia Mora, directora general de Ordenación y Atención Sanitaria. Mientras se resuelve, «se va a funcionar exactamente igual que se ha hecho hasta ahora. No va a afectar a la asistencia sanitaria», garantiza. Mora destaca que «en este tiempo se han dado cursos de formación para que todo el personal conociera los pasos a seguir ante este tipo de situaciones, y en muchos casos se han resuelto muy rápido, facilitándoles su correspondiente tarjeta en el día».
Otras autonomías también optaron por soluciones parecidas, caso de Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares, aunque la cántabra ha sido la primera en tumbarse en los tribunales. A juicio de los responsables de la plataforma, «los recursos evidencian la obcecación del actual Gobierno en funciones en impedir que las comunidades autónomas puedan atajar la emergencia humanitaria creada por la reforma sanitaria de 2012».
Recuerdan que el Tribunal Constitucional ha reiterado ya en sendos autos que «el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional». Y esa importancia, según el Constitucional, «no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado», añade. El colectivo, creado en auxilio de los ‘sin papeles’ a raíz del polémico decreto, señala que «la restitución de un sistema verdaderamente universal sólo puede producirse a través de una nueva legislación nacional que revierta la reforma sanitaria».
Ana Rosa García | El Diario Montañes