Noticias — 02 enero 2017 — IMPRIMIR
274 banqueros en el banquillo

EuroLenta pero inexorablemente, el estruendo de la crisis financiera española va teniendo su eco en los juzgados. La gestión de las entidades financieras que acabaron rescatadas con ayudas públicas, las operaciones crediticias sospechosas, las remuneraciones ilegales o la mala comercialización de productos bancarios han convertido en una imagen relativamente habitual el paso por el banquillo de trajeados hombres de negocio, hasta hace poco reyes del mundo financiero patrio.

Más allá, por poner el ejemplo más reciente, del enésimo mazazo judicial dado esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de la UE al grueso del sector financiero, exigiendo la devolución con retroactividad total de lo cobrado por cláusulas suelo opacas, en los últimos tiempos se han ido abriendo investigaciones que atañen ya personalmente a, al menos, unos 274 banqueros y consejeros ligados a una docena de entidades, principalmente de las antiguas cajas de ahorros.

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En buena parte de los casos, quien ha dado a la justicia las llaves para indagar en las cámaras acorazadas de la banca ha sido el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB). El organismo responsable de la gestión de las entidades intervenidas ha coordinado la inyección de 61.495 millones de euros en ayudas directas al sector financiero (56.000 millones públicos), de las que, de momento, solo se han recuperado cerca de 4.800 millones, según los últimos datos oficiales.

Pero, en paralelo, el organismo ha llevado a cabo también una intensa labor de inspección en las entidades asistidas para tratar de esclarecer los puntos más oscuros de la debacle de buena parte del sector financiero español. Una “labor de análisis, detección de conductas potencialmente irregulares y denuncia a la fiscalía” que el presidente del organismo público, Jaime Ponce, considera que “es probablemente la más relevante que corresponde al FROB, en aras de propiciar la adecuada exigencia de responsabilidades a los administradores de las entidades que recibieron ayudas”.

Así, desde mayo de 2013, el FROB ha encargado análisis financieros forenses de 90 operaciones opacas relacionadas fundamentalmente con prácticas retributivas dudosas u operaciones crediticias sospechosas, buena parte de las mismas asociadas al ladrillo. Como resultado de estas investigaciones, el FROB ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción un total de 47 expedientes con indicios de ilegalidades que supondrían un perjuicio económico global estimado de 3.587,8 millones de euros, según cálculos del propio organismo oficial. A partir de ahí, el FROB se ha personado en 24 causas judiciales, de las que ha impulsado 20, contra antiguos responsables de la banca.

La más reconocible de estas indagaciones, por su relevancia mediática, es probablemente la del caso de las tarjetas black en Bankia y Caja Madrid, cuyo juicio oral está en su recta final estos días y ha sentado en el banquillo a algunos de los principales responsables financieros políticos, sindicales y empresariales del país. Pero hay muchas más.

El FROB ha identificado operaciones sospechosas en Catalunya Banc (ahora integrada en BBVA); Novagalicia (hoy Abanca, tras su venta al grupo venezolano Banesco); en Bancaja o Caja Madrid (que lideraron la unión de siete entidades que dio lugar a Bankia); Caja Granada, Sa Nostra (ambas en la nacionalizada BMN) y Caixa Penedès (absorbida por Sabadell), por ejemplo.

De momento, solo parte de estos procesos han derivado en la celebración de juicios y solo un puñado de ellos han obtenido sentencia. Por ahora, tres de ellas se han resuelto condenando a los responsables de distintas entidades. El primer fallo condenatorio, en primavera de 2014, fue para la cúpula de Caixa Penedès. La Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel al ex director general Ricard Pagès y a un año a tres exdirectivos de la caja después de que estos admitieran su culpabilidad y devolvieran 28,6 millones cobrados irregularmente en forma de pensiones.

El año pasado, de otra parte, la Audiencia condenó a dos años de cárcel por un delito de administración desleal y apropiación indebida a los exdirectivos de Novagalicia José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias, además de fijar otros dos años de prisión al expresidente Julio Fernández Gayoso y al abogado Ricardo Pradas por considerarlos colaboradores necesarios.

Esta última primavera, finalmente, la Audiencia condenó a dos años de prisión al expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM, intervenida en 2009 y hoy integrada en Liberbank) Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable.

En ningún caso, sin embargo, las penas de prisión a las que han sido condenados los acusados han superado los dos años, lo que ha permitido a los procesados eludir su ingreso en la cárcel al carecer de antecedentes penales.

De hecho, solos dos grandes banqueros españoles han pisado la cárcel hasta la fecha. Uno es Mario Conde, que tras cumplir pena por el caso Banesto, del que aún tiene una responsabilidad civil de 14 millones de euros pendiente de afrontar, volvió a amanecer entre barrotes este año por el presunto blanqueo de 13 millones, aunque luego se le concedió libertad provisional. El otro es Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, que fue enviado a Soto del Real en dos ocasiones por el juez Elpidio Silva durante la investigación de su gestión de Caja Madrid y la compra del City National Bank de Florida, decisiones por las que el juez acabó apartado de la carrera judicial.

La situación podría dar un vuelco, sin embargo, con el veredicto del caso de las tarjetas black. El fiscal Alejandro Luzón, que pide penas de cárcel para los 65 usuarios de las visas opacas de Caja Madrid y Bankia, ha solicitado condenas de más de dos años para 39 de los 65 procesados. Destaca la petición de seis años de cárcel para Blesa, que afronta la posibilidad de volver a estar entre rejas por tercera vez, esta vez a largo plazo, o los cuatro años y medio que se solicitan para su sucesor y posterior presidente de Bankia, el también exvicepresidente económico del Gobierno durante la etapa José María Aznar, Rodrigo Rato.

También podría ocurrir, sin embargo, que, como plantean sus defensas, los acusados sean absueltos. Ya hay precedentes. En el caso de la CAM (vendida a Sabadell por un euro simbólico), “lo peor de lo peor” en palabras del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quienes fueran sus máximos dirigentes ya han obtenido algún fallo absolutorio –como el que ordenó repetir el Supremo en diciembre pasado– si bien han enfrentado ya tres peticiones de condena de la fiscalía por el presunto saqueo de la caja mediante varios supuestos intentos de burlar las limitaciones salariales cobrando sobresueldos de filiales, causas que siguen pendientes por resolver. Inminente será el fallo por el reciente juicio por administración desleal en la CAI (hoy Ibercaja).

Estos y otros casos se irán articulando y resolviendo durante 2017, un año en el que, en todo caso, el principal hito judicial del sector financiero volverá a tener como protagonista a Bankia, pues, además de la sentencia por el caso de las tarjetas black, se espera que concluya la larga instrucción de la causa que investiga el presunto fraude en la salida a Bolsa de la mayor entidad rescatada en España.

Un proceso que ya ha llevado a la entidad, hoy presidida por José Ignacio Goirigolzarri, a articular la devolución del dinero invertido por particulares y que ha suscitado un puñado de demandas de institucionales. Una causa que podría volver a sentar a Rato en el banquillo y que, más allá del resultado judicial que depare, ha puesto en entredicho el papel de los supervisores financieros después de que una remesa de mails revelara que un inspector del Banco de España advertía de los riesgos de nacionalización de la entidad ya antes de su salto al parqué. A la espera de dilucidar responsabilidades, el desfile de banqueros por el banquillo continuará.

Cinco Días

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